Con apenas 23 años, Rocío Gómez llegó a un cargo en la estructura del Gobierno nacional vinculada a Lule Menem, participa del armado juvenil de La Libertad Avanza y habría sido beneficiada con excepciones a los requisitos administrativos para su designación. La decisión vuelve a poner bajo la lupa a Karina Milei y los criterios con los que se distribuyen los cargos públicos.
Mientras el Gobierno de Javier Milei construye su discurso sobre el mérito, la austeridad y la eliminación de los privilegios de la política, los nombramientos dentro de su propia estructura vuelven a generar interrogantes. El caso de Rocío Gómez, una joven dirigente libertaria de 23 años que llegó a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, expone una contradicción que el oficialismo todavía debe explicar.
Según la información difundida por el periodista Beto Valdez, Gómez proviene de la militancia universitaria liberal y se incorporó al círculo político de Karina Milei de la mano de Sharif Menem. Actualmente participa del armado juvenil de La Libertad Avanza y ocupa un puesto en la estructura vinculada a Eduardo “Lule” Menem, uno de los operadores políticos de mayor confianza de la secretaria general de la Presidencia.
El punto más delicado está en las condiciones de su designación. De acuerdo con esa publicación, Karina Milei firmó una excepción a los requisitos mínimos del escalafón para nombrarla coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales. El cargo contempló categoría B, grado 0, y un suplemento salarial por Función Ejecutiva IV.
La información también señala que la designación tenía carácter transitorio y que debía cubrirse mediante el procedimiento de selección correspondiente dentro de un plazo de 180 días hábiles. La renovación del nombramiento y el cumplimiento de ese procedimiento son aspectos centrales para determinar si se respetaron las normas de la administración pública.
La pregunta es inevitable: ¿qué antecedentes, experiencia y formación justificaron la designación de una dirigente de apenas 23 años en una función de estas características? ¿Qué razones motivaron la excepción a los requisitos y qué mecanismos se utilizaron para garantizar que el puesto se cubriera conforme a las reglas vigentes?
Karina Milei, que concentra una enorme influencia sobre el armado político y los nombramientos del oficialismo, debe responder por los criterios aplicados en una estructura que depende de su entorno. La promesa libertaria de terminar con los privilegios pierde credibilidad cuando aparecen designaciones que requieren excepciones administrativas y cuyos fundamentos no están suficientemente explicados.
El caso de Rocío Gómez no demuestra por sí solo una irregularidad, pero sí plantea una exigencia elemental de transparencia: conocer sus antecedentes, las resoluciones que respaldaron su nombramiento, la justificación de las excepciones y el estado del procedimiento de selección previsto.
El Gobierno que convirtió la crítica a la “casta” en una de sus principales banderas tiene la obligación de aplicar a sus propios funcionarios los mismos estándares que exige a los demás. La motosierra, al parecer, no alcanza para despejar las dudas sobre cómo se reparten los cargos dentro del poder libertario.
¿Quién es Rocío Gómez?
Rocío Ángeles Julieta Gómez es una dirigente libertaria de 23 años, oriunda de Lomas de Zamora y estudiante de Economía en la Universidad de Buenos Aires. Antes de incorporarse al Gobierno, militaba en la agrupación universitaria liberal Somos Libres y participó de la campaña presidencial de Javier
Su crecimiento político estuvo ligado a Sharif Menem y al entorno de los Menem. Posteriormente, Karina Milei le encomendó tareas de organización de la juventud partidaria y del espacio universitario de La Libertad Avanza. Actualmente ocupa la coordinación de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales en la Subsecretaría de Gestión Institucional, bajo la órbita de Eduardo «Lule» MeBen.
Hay, además, un dato documental importante: la Resolución 530/2025, publicada en el Boletín Oficial, prorrogó su designación transitoria por otros 180 días hábiles desde el 3 de diciembre de 2025. La norma reconoce que todavía no se había convocado al proceso de selección y mantiene las excepciones a los requisitos mínimos del escalafón.
El eje más fuerte es la contradicción política: un Gobierno que cuestiona los privilegios de la dirigencia y promete terminar con los nombramientos discrecionales debe explicar por qué una dirigente de su propia juventud partidaria accedió a un cargo jerárquico con excepciones administrativas y sin concurso convocado.
La crítica puede ser contundente sin afirmar que hubo un delito ni que Gómez carece de capacidad profesional: lo que está documentado es el nombramiento, la excepción y la falta de convocatoria al proceso de selección al momento de la prórroga. Eso alcanza para exigir explicaciones a Karina Milei sobre sus criterios para administrar los cargos públicos.