Seis meses después de que Javier Milei anunciara la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), la promesa de un sistema más eficiente quedó muy lejos de convertirse en realidad. Lo que el Gobierno presentó como una reforma para “ordenar” la salud del personal militar y de las fuerzas federales terminó dejando a miles de afiliados atrapados en una transición interminable, con dificultades para acceder a prestaciones médicas, farmacias que restringen servicios y una incertidumbre que crece día tras día.
El dato que resume la magnitud del fracaso es demoledor: el IOSFA acumuló una deuda superior a los 213.900 millones de pesos. En lugar de resolver esa crisis antes de avanzar con la reforma, el Gobierno decidió desmantelar el organismo mientras los problemas seguían agravándose, trasladando el costo de esa improvisación a militares en actividad, retirados, pensionados y sus familias.
La falta de planificación quedó expuesta desde el primer momento. Mientras el Ministerio de Seguridad resolvió la cobertura de Gendarmería y Prefectura mediante un convenio con una empresa privada de medicina prepaga, el Ministerio de Defensa eligió construir desde cero una nueva estructura sanitaria que, a seis meses de su creación, reconoce que todavía no logra garantizar plenamente la atención médica de sus afiliados.
La propia conducción de la nueva obra social admite que el sistema “no está funcionando al 100%” y que existen zonas donde los beneficiarios continúan encontrando serias dificultades para atenderse. Es una confesión que contradice el discurso oficial de eficiencia y modernización con el que se justificó la desaparición del IOSFA.
La desorganización también quedó reflejada en la disputa entre los propios ministerios del Gobierno. Seguridad y Defensa se cruzan por supuestas deudas, créditos y transferencias millonarias, mientras ninguno ofrece una respuesta concreta para quienes necesitan un turno médico, una consulta o una prestación básica. La interna burocrática avanza mucho más rápido que las soluciones para los afiliados.
La crisis ya dejó imágenes difíciles de explicar para una administración que prometía terminar con los privilegios y mejorar el funcionamiento del Estado. Un suboficial retirado tuvo que encadenarse frente a una sede del IOSFA para denunciar que había quedado sin cobertura médica. Veteranos de la Guerra de Malvinas comenzaron a abandonar la obra social y recurren al PAMI para poder recibir atención. Son escenas que reflejan el nivel de deterioro de un sistema que alguna vez fue la principal cobertura sanitaria del personal militar.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que trabaja en convenios, aplicaciones móviles y herramientas digitales que permitirán modernizar la atención. Pero para miles de afiliados esas promesas no reemplazan una consulta médica, una orden de estudios o la posibilidad de conseguir un medicamento cuando lo necesitan.
El plazo fijado por el propio decreto vence en febrero de 2027. Para entonces el IOSFA dejará definitivamente de existir. Sin embargo, a mitad de camino, el Ejecutivo todavía no logró demostrar que las nuevas estructuras estén en condiciones de reemplazarlo plenamente.
La reforma que debía solucionar un problema financiero terminó generando otro mucho más delicado: la incertidumbre sanitaria de más de 600.000 personas que hoy siguen esperando que el Estado garantice un derecho tan elemental como el acceso a la salud. La motosierra prometía eficiencia; para miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias, hasta ahora solo dejó una cobertura incompleta, promesas incumplidas y un sistema que todavía no consigue funcionar.