Los demandantes por la expropiación de YPF dieron un paso clave en su ofensiva judicial y ahora van directo al corazón de las reservas argentinas: exigen saber dónde está el oro del Banco Central. El pedido, presentado ante la jueza neoyorquina Loretta Preska, busca obligar al gobierno de Javier Milei a detallar cada movimiento, traslado y custodia de las reservas de oro, en una maniobra que desató pánico puertas adentro del BCRA.
La jugada no es casual ni simbólica. Los fondos que ganaron el juicio avanzan sobre el último activo tangible de peso que conserva la Argentina, en un contexto de reservas netas virtualmente inexistentes y con un Banco Central debilitado por la política económica del propio Gobierno. El oro aparece como el botín más codiciado y, al mismo tiempo, el más vulnerable.
En los tribunales de Estados Unidos, los demandantes sostienen que el hermetismo del Gobierno sobre la localización del oro no es prudencia financiera sino una señal de alarma: sospechan maniobras para ocultar activos y eludir futuros embargos. Esa sospecha es la que ahora buscan convertir en una orden judicial.
En el Banco Central el clima es de máxima tensión. La posibilidad de que la Justicia estadounidense obligue a revelar información sensible expone no solo el oro, sino también la precariedad de un esquema que dejó a la Argentina sin margen de maniobra. Cada lingote que salga del radar internacional puede convertirse en una prueba en contra del Estado argentino.
El episodio deja al desnudo el costo real del relato libertario: mientras el Presidente promete “orden macroeconómico” y “confianza de los mercados”, los acreedores avanzan sin resistencia sobre los activos estratégicos del país. La derrota judicial por YPF ya no es una herencia lejana: es una amenaza concreta que golpea hoy, y que puede terminar de vaciar las arcas del Banco Central.
Si Preska hace lugar al pedido, el gobierno de Milei enfrentará un escenario crítico: exponer el