Por Romualdo de la Hoya
Hay momentos en los que la política no necesita jueces, fiscales ni expedientes para quedar expuesta. Le alcanza con la palabra de sus propios protagonistas.
Eso ocurrió con Manuel Adorni.
El vocero presidencial salió a explicar el origen de una parte importante de su patrimonio y terminó ofreciendo un relato que, lejos de despejar dudas, parece construido sobre la premisa de que los argentinos somos incapaces de hacer preguntas básicas.
Según explicó, gran parte de sus ganancias provienen de inversiones realizadas en Bitcoin desde 2013. Además, reconoció haber mantenido durante años ahorros sin declarar porque, según dijo, era una práctica habitual entre los argentinos. La confesión pasó casi desapercibida para quienes hace apenas unos meses se presentaban como los dueños exclusivos de la honestidad pública.
Porque la cuestión no es solamente si Adorni ganó o no dinero con Bitcoin. Es perfectamente posible haber ganado fortunas con esa criptomoneda. Quienes compraron temprano y vendieron en momentos de alta cotización obtuvieron rendimientos extraordinarios. Lo que resulta llamativo es que frente a una explicación que merecería preguntas, investigaciones periodísticas y pedidos de aclaración, gran parte del ecosistema político y mediático que vive denunciando corrupción decidió mirar para otro lado.
Y es aquí donde Córdoba merece un capítulo aparte.
¿Rodrigo de Loredo le creyó a Adorni?
¿Luis Juez le creyó a Adorni?
¿Bornoroni le creyó a Adorni? Esté seguro que si porque Karina le ordenó que así lo hiciera. No piensa por sí solo, solo pidiendo permiso.
La pregunta es simple porque ellos mismos construyeron su identidad política alrededor de la denuncia permanente. Durante años denunciaron contrataciones sospechosas, nombramientos irregulares, manejos oscuros, incompatibilidades y cualquier indicio que oliera a falta de transparencia. Muchas veces con información incompleta. Pero siempre bajo la bandera de la ética pública.
Por eso sorprende el silencio.
Sorprende que quienes exigen explicaciones ante cualquier sospecha no tengan ninguna inquietud cuando uno de los principales dirigentes del gobierno nacional admite haber tenido dinero sin declarar y atribuye buena parte de su crecimiento patrimonial a operaciones financieras que, por su magnitud, merecen ser explicadas con precisión.
¿No amerita una denuncia?
¿No amerita un pedido de informes?
¿No amerita al menos una conferencia de prensa reclamando transparencia?
Si la respuesta es no, entonces estamos frente a una doble vara tan evidente que ya no admite disimulos.
Porque cuando las sospechas involucran a dirigentes ajenos, aparecen los custodios de la República. Cuando las explicaciones dudosas provienen de los propios, llega el silencio.
Y ese silencio se vuelve todavía más obsceno cuando recordamos lo ocurrido en las últimas semanas.
Durante días, dirigentes opositores, referentes libertarios y buena parte de la política cordobesa utilizaron el horroroso asesinato de Agostina Vega como escenario para discursos, acusaciones y especulaciones. Se multiplicaron las declaraciones altisonantes. Se buscaron responsables políticos antes de que avanzara la investigación. Se explotó el dolor de una familia para obtener un rédito político inmediato.
Caranchearon.
Caranchearon durante dos semanas enteras.
Sin embargo, frente a las declaraciones de Adorni, frente a las inconsistencias que cualquier dirigente opositor habría convertido en escándalo nacional si provinieran de otro espacio político, no dicen absolutamente nada.
Ni una palabra.
Ni una crítica.
Ni una duda.
Ni una exigencia de explicaciones.
Entonces el problema ya no es Adorni.
El problema es la hipocresía.
El problema es una dirigencia que construyó su capital político hablando de transparencia y hoy administra silencios estratégicos según la conveniencia electoral del momento.
El problema es una doble vara que degrada cualquier discurso moral.
Porque la honestidad no puede ser una bandera para usar contra los adversarios y guardar en un cajón cuando las preguntas apuntan a los propios.
Si De Loredo y Juez creen que las explicaciones de Adorni son suficientes, deberían decirlo públicamente y hacerse cargo.
Y si creen que no lo son, deberían actuar con la misma vehemencia con la que actuaron en tantos otros casos.
Lo que no pueden hacer es seguir predicando transparencia mientras miran para otro lado.
Porque cuando la ética depende de la conveniencia política, deja de ser ética.
Y cuando los dirigentes creen que la sociedad aceptará cualquier explicación sin hacer preguntas, el mensaje implícito es todavía más grave.
Que nos toman por idiotas.