El Gobierno avanza con un decreto que promete “reordenar” la obra social de las Fuerzas Armadas, pero que en los hechos abre la puerta a un recorte profundo de derechos, un aumento de aportes y una posible privatización encubierta de la cobertura sanitaria de miles de efectivos y sus familias. La norma, que ya estaría lista para la firma, apunta a reformular por completo la IOSFA, una de las prestadoras más grandes del país, hoy atravesada por una crisis financiera que supera los 150 mil millones de pesos.
El rediseño no sería menor ni meramente administrativo. Según fuentes oficiales, el decreto contempla incluso el cambio de nombre de la entidad y la expulsión de Gendarmería y Prefectura del sistema, unos 170 mil afiliados que dejarían de estar cubiertos por la obra social y volverían a depender del Ministerio de Seguridad. Desde esa cartera ya anticipan que la atención médica podría canalizarse mediante convenios con empresas de medicina prepaga, una señal clara del rumbo que se busca imprimirle al sistema.
La iniciativa, que se encuentra bajo análisis de la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal Murphy, establece que los efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea —en actividad, retirados y sus familias— pasen a integrar una obra social “exclusiva”, con un nuevo esquema de funcionamiento. El Gobierno desliza que el Ministerio de Economía podría aportar respaldo para enfrentar la deuda acumulada, aunque sin precisiones sobre montos, plazos ni garantías, lo que alimenta las sospechas de que el ajuste recaerá directamente sobre los afiliados.
El conflicto de fondo, sin embargo, está lejos de resolverse con un cambio de organigrama. En los pasillos del Edificio Libertador crece el malestar ante una propuesta que genera fuerte rechazo entre los uniformados: aumentar los aportes, hoy fijados en el 6% del salario, e incluir en el cálculo suplementos por especialidad, destino o zonas inhóspitas, es decir, cobrar más a quienes cumplen funciones de mayor riesgo o complejidad.
Ese planteo fue parte de una reunión realizada a fines del año pasado en el piso 11 del Ministerio de Defensa, según publicó Clarín. Allí, el ministro Carlos Presti recibió a un grupo de coroneles retirados encabezados por Ariel Guzmán, ex integrante de la IOSFA y con pasado en el Hospital Militar Central. El encuentro giró en torno a la llamada “nueva IOSFA” y a la supuesta participación de la “familia militar” en su conducción, en medio de críticas persistentes a la gestión de la obra social por parte de dirigentes de perfil político.
Detrás del discurso de “ordenamiento” y “eficiencia”, el decreto aparece como otro capítulo del ajuste estructural impulsado por el Gobierno: menos cobertura pública, más costos para los afiliados y mayor espacio para el negocio privado de la salud. En un contexto de salarios deteriorados y pérdida de poder adquisitivo, la reforma amenaza con convertir la crisis de la IOSFA en una factura que terminarán pagando, una vez más, los propios efectivos y sus familias.