El escándalo que rodea al Ministerio de Salud suma un nuevo capítulo explosivo. Un documento interno de abril de 2025, hoy incorporado a la causa judicial que investiga al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, expone diferencias siderales entre los precios pagados por el Estado y los valores de referencia de mercado en compras de insumos para personas con discapacidad.
La auditoría detectó sobreprecios que van del 1000% al 4239% en productos básicos como prótesis, sillas de ruedas y andadores. Uno de los casos más escandalosos es la compra de un andador facturado en $12.150.000, una cifra que supera en más de cuarenta veces el valor de referencia utilizado por el propio Ministerio de Salud.
Los números son tan grotescos que dejan de parecer errores administrativos para transformarse en una maquinaria sistemática de despilfarro. Mientras millones de argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes, dentro del Estado se autorizaban compras con valores completamente fuera de toda lógica.
El caso golpea de lleno al discurso oficialista de la “motosierra”, la austeridad y el control del gasto público. Porque mientras el Gobierno ajusta jubilaciones, medicamentos y prestaciones sociales bajo el argumento de eliminar privilegios y combatir el déficit, en áreas sensibles como discapacidad aparecen operaciones con márgenes que rozan lo obsceno.
La documentación ya está en manos de la Justicia federal y forma parte de la segunda ronda de declaraciones indagatorias de la causa. Los investigadores buscan determinar quién autorizó las compras, qué empresas participaron y si existió una estructura coordinada para inflar precios con fondos públicos.
El impacto político es inevitable. El Gobierno construyó buena parte de su legitimidad prometiendo terminar con la corrupción y los negociados del Estado. Sin embargo, este expediente revela que, lejos de desaparecer, las prácticas más cuestionadas siguen apareciendo incluso en organismos encargados de asistir a los sectores más vulnerables.
El dato más indignante no es solamente el monto pagado, sino el contexto: productos esenciales para personas con discapacidad terminaron convertidos en un negocio millonario financiado con recursos públicos. Una postal brutal de un sistema donde algunos hacen fortunas mientras miles de pacientes esperan respuestas, autorizaciones o prestaciones básicas.