Por Romualdo de la Hoya
Cada 15 de noviembre, la Argentina vuelve a recordar a los 44 héroes del submarino ARA San Juan, desaparecido en 2017 y hallado un año después a más de 900 metros de profundidad. Es una fecha atravesada por el homenaje, pero también por la persistencia de un reclamo de justicia que, a siete años de la tragedia, sigue lejos de cerrarse.
El ARA San Juan perdió contacto cuando patrullaba el Atlántico Sur en medio de un temporal. Durante días, el país asistió a una búsqueda frenética, marcada por contradicciones oficiales, avances y retrocesos en la información y decisiones que, con el paso del tiempo, quedaron bajo sospecha. La confirmación del hallazgo en noviembre de 2018 expuso un escenario técnico y político mucho más complejo de lo que la primera comunicación oficial había dejado entrever.
En la Justicia federal de Caleta Olivia avanza la causa principal, que ya derivó en la elevación a juicio oral de cuatro oficiales de la Armada, acusados de incumplimiento de deberes y estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes. La acusación sostiene que el submarino no estaba en condiciones de alistamiento para la misión que se le había asignado y que existieron advertencias técnicas previas que fueron ignoradas.
A la par, se abrió otra línea de investigación centrada en las responsabilidades políticas de la conducción civil del Ministerio de Defensa de la época. El exministro Oscar Aguad quedó involucrado en denuncias por presunto encubrimiento y por no haber detenido el zarpe pese a los reportes técnicos que señalaban fallas estructurales y limitaciones de seguridad en la nave. En el expediente también aparece mencionada la exfuncionaria Graciela Villata, entonces secretaria con rol presupuestario y operativo dentro del ministerio, quien reconoció ante la Comisión Bicameral que había recibido informes tempranos sobre la pérdida de contacto y sobre la situación crítica del submarino en los meses previos. Ese punto alimentó el pedido de que su actuación sea revisada con la misma rigurosidad que la de los mandos militares.
Otro capítulo espinoso de la causa es la sospecha de encubrimiento en el proceso de búsqueda. La fiscalía avanzó sobre la hipótesis de que existió información relevante que pudo haber sido ocultada o demorada en su comunicación, tanto a las familias como a la Justicia. Las declaraciones de jerárquicos de la Armada y la reconstrucción de los reportes internos durante los primeros días posteriores a la desaparición siguen siendo un núcleo de tensión judicial.
A esto se suma la causa paralela por espionaje ilegal a familiares de los tripulantes, un expediente que expuso seguimientos, fotografías, infiltraciones en reuniones y monitoreo de comunicaciones. Ese hecho, todavía bajo investigación, agravó el malestar de los allegados y reforzó su convicción de que no solo hubo negligencia, sino también un intento deliberado de controlar y condicionar su reclamo.
Mientras tanto, los homenajes se repiten en bases navales, plazas públicas y escuelas de todo el país. La sanción del Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y la Heroína del ARA San Juan formalizó lo que ya estaba instalado en la conciencia colectiva: la necesidad de mantener viva la memoria de quienes dieron la vida en servicio. Pero la dimensión simbólica no alcanza: para las familias, el verdadero homenaje será lograr una justicia completa, que incluya tanto las responsabilidades operativas como las políticas.
Hoy, el recuerdo del ARA San Juan sigue siendo una herida abierta y un compromiso pendiente. Los 44 tripulantes representan el valor, la disciplina y la entrega, pero también la obligación del Estado de garantizar seguridad, transparencia y verdad. Recordarlos es necesario. Hacer justicia por ellos, indispensable.