La difusión de un audio atribuido a Manuel Adorni agrega un nuevo capítulo a la trama judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete y expone una conducta que genera fuertes cuestionamientos institucionales. En la grabación, Adorni no sólo intenta mantener contacto con el contratista que debía declarar ante la Justicia, sino que además le ofrece “todo el soporte” que necesite en vísperas de una declaración clave para la causa.
El mensaje fue enviado a Matías Tabar, responsable de las obras realizadas en la propiedad que Adorni posee en el country Indio Cuá. El contratista debía presentarse ante la Justicia en el marco de la investigación impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita. Lejos de limitarse a una conversación informal, el entonces funcionario le asegura que contará con toda la ayuda posible y remarca la necesidad de que “todos nos quedemos tranquilos”, una frase que para muchos observadores constituye un evidente intento de influir sobre un testigo de relevancia.
Sin embargo, el efecto fue exactamente el contrario. Tabar decidió declarar y, según trascendió, afirmó ante la Justicia que Adorni habría pagado 245 mil dólares en efectivo y sin registrar por las refacciones realizadas en su vivienda. Se trata de una cifra impactante que profundiza las sospechas sobre el origen de los fondos utilizados para una serie de mejoras que resultan difíciles de compatibilizar con los ingresos conocidos de un funcionario público.
Como si el contenido del audio no fuera ya suficientemente comprometedor, la grabación también revela otro aspecto llamativo: mientras enfrentaba una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni aprovechó la conversación para consultar sobre problemas eléctricos en su residencia de lujo. En el mensaje describe desperfectos en el tablero de la vivienda y en la bomba de la pileta, infraestructura que incluía incluso una cascada artificial instalada durante las reformas.
La escena resulta tan insólita como reveladora. Mientras la Justicia intentaba determinar cómo había financiado obras millonarias en su propiedad, el funcionario parecía más preocupado por hacer funcionar correctamente los sofisticados accesorios de su pileta que por explicar el origen de los fondos utilizados para construirlos.
El audio expone una imagen difícil de defender políticamente: un funcionario bajo sospecha judicial que contacta a un testigo clave antes de su declaración, le ofrece ayuda y, en la misma conversación, le pide asistencia técnica para resolver inconvenientes en una propiedad que hoy se encuentra en el centro de la investigación. Lejos de despejar dudas, cada nueva revelación parece profundizar los interrogantes sobre el patrimonio de Adorni y sobre las prácticas que rodearon su paso por el Gobierno.
La investigación judicial continúa avanzando, pero el impacto político ya es contundente. Porque cuando un funcionario intenta acercarse a quienes deben declarar en una causa que lo involucra, las sospechas dejan de recaer únicamente sobre el dinero y empiezan a alcanzar también la transparencia de su conducta frente a la Justicia.