El gobierno de Javier Milei decidió retirar al Estado argentino como querellante en la causa que investiga el crédito récord del FMI otorgado durante la gestión de Mauricio Macri, en una maniobra que fue leída en tribunales y en la oposición como un movimiento directo para aliviar la situación judicial de Luis Caputo y Federico Sturzenegger, dos nombres clave del esquema económico que hoy orbitan nuevamente el poder.
La decisión oficial implica que el propio Estado —principal perjudicado por la deuda millonaria— renuncie a impulsar la acusación, debilitando el expediente desde adentro y dejando prácticamente sin respaldo institucional la investigación sobre uno de los acuerdos financieros más cuestionados de la historia reciente.
El mismo lunes, la jueza federal María Eugenia Capuchetti avanzó con una resolución que buscaba cerrar la causa y sepultar el expediente. Sin embargo, el fiscal Franco Picardi apeló de inmediato y denunció que aún existen líneas de investigación abiertas y responsabilidades pendientes de esclarecer. La apelación frenó, por ahora, lo que en los pasillos judiciales ya describían como un intento de clausura exprés.
Para sectores críticos, la decisión del gobierno de Milei no es un tecnicismo jurídico sino una señal política clara: proteger a funcionarios y exfuncionarios vinculados al endeudamiento con el Fondo. La retirada del Estado como querellante reduce la presión judicial, limita la producción de pruebas y allana el camino para un eventual cierre definitivo.
Mientras el oficialismo habla de “criterios legales”, especialistas advierten que se trata de una jugada que favorece directamente a los imputados y debilita la posibilidad de que se investiguen responsabilidades políticas y económicas en el acuerdo que hipotecó al país por décadas.
Ahora será la Cámara Federal la que deba resolver si convalida el intento de enterrar la causa o si permite que continúe la investigación sobre el préstamo del FMI que marcó a fuego la economía argentina y que, con la decisión del gobierno actual, corre el riesgo de quedar definitivamente impune.