Un nuevo frente de polémica se abrió alrededor del vocero presidencial Manuel Adorni luego de que se difundiera información sobre la actividad de la consultora MAS BE, propiedad de su esposa Bettina Angeletti, y sus vínculos con empresas que tienen negocios con el Estado.
Según los datos que comenzaron a circular en redes, la firma MAS BE fue creada en junio de 2024, prácticamente en simultáneo con la llegada de Adorni al Gobierno. Desde entonces tendría solo tres clientes, todos con algún tipo de relación con organismos públicos.
El primero es Foggia Group, empresa que compite por quedarse con la administración de Tecnópolis, una designación que debe firmar el propio Adorni en su rol dentro del Gobierno.
El segundo cliente sería National Shipping, cuyo principal contratante es YPF. La situación genera suspicacias porque Adorni también ocupa un cargo como director en la petrolera estatal.
El tercer vínculo aparece con Grupo Datco, compañía asociada a la multinacional Xerox y con una extensa cartera de contratos con organismos públicos, entre ellos AySA, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, ARCA, YPF, el Banco Central de la República Argentina y el Banco de la Nación Argentina.
El punto que genera mayor controversia es el encuadre legal. Cuando un funcionario público asume, pasa a ser considerado Persona Políticamente Expuesta (PEP), una categoría que obliga a extremar controles sobre sus vínculos con el sector privado. Esos controles también alcanzan a su entorno familiar, cuyas actividades pueden quedar bajo revisión de la Oficina Anticorrupción.
A esto se suma otro dato que amplifica las sospechas: de acuerdo con la información difundida, Angeletti no tendría ingresos personales declarados ante ARCA, el organismo recaudador.
La revelación vuelve a golpear al gobierno de Javier Milei, que llegó al poder con un discurso centrado en terminar con los privilegios de “la casta política”, y ahora enfrenta cuestionamientos por posibles conflictos de interés en su propio círculo.