El Estudio Jurídico de Bornoroni-Roca y Bauzá, a cargo del PAMI Córdoba, apeló a actos de terror (como los que denuncia la Iglesia Católica que utiliza La Libertad Avanza en redes sociales) para intimidar a los intendentes cordobeses que reclaman deudas de más de 9 meses y que no tienen ni pensado saldar. El caso saliente ocurrió en San Marcos Sud,. que reclama una deuda de 6 millones de pesos en prestaciones a PAMI que datan de octubre de 2025. La intendenta de esa localidad del sur de Córdoba, Claudia Godoy, informó que nueve inspectores de PAMI, viajados desde Buenos Aires en Aerolíneas Argentinas, alojados con dos días de hotel en Córdoba y con viáticos pagos, que gastaron una suma superior a 10 millones de pesos, se presentaron para auditar el reclamo de ese municipio que asciende a 6 millones.
La brigada de «intimidadores» se fue con las manos vacías porque las prestaciones estaban correctamente reclamadas. Y Después de tanto show y terror, el PAMI de Bornoroni sigue sin pagar.
Más allá de las consideraciones especiales, se puede afirmar que gastar 10 millones para auditar una deuda de 6, no tiene ningún propósito administrativo real y serio. Es, lo que en la jerga mafiosa se denomina apriete, y esto no es ninguna exageración. Está claro que al PAMI de Bornoroni no le importan los jubilados ni los municipios. Actúa como un «Al Capone» versón 2.0.