El diputado Gabriel Bornoroni, presidente del bloque de La Libertad Avanza, quedó en el centro de una fuerte polémica tras encabezar en Córdoba una reunión con intendentes y jefes comunales afines al gobierno nacional, acompañado por las máximas autoridades del Banco Nación. El encuentro dejó una promesa concreta: créditos de hasta 300 millones de pesos por municipio.
La situación abrió un debate incómodo para un espacio político que llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios, el amiguismo y la utilización del Estado con fines partidarios. Porque la pregunta es inevitable: ¿por qué los beneficios financieros del principal banco público del país parecen estar reservados para quienes expresan simpatía o alineamiento con el proyecto de Javier Milei?
Según trascendió, la convocatoria estuvo dirigida principalmente a intendentes identificados con La Libertad Avanza o cercanos al oficialismo nacional. Mientras tanto, cientos de municipios y comunas cordobesas gobernadas por fuerzas vecinalistas, independientes o opositoras quedaron excluidas del esquema.
La imagen resulta especialmente contradictoria para un gobierno que hizo de la lucha contra “la casta” una de sus principales banderas. Lo que se observa es una práctica que recuerda a los peores vicios de la política argentina: utilizar recursos públicos para fortalecer estructuras de poder propias y construir lealtades territoriales.
Durante años, el kirchnerismo fue acusado de administrar discrecionalmente los fondos nacionales, premiando a gobernadores e intendentes aliados y castigando a quienes no se alineaban políticamente. Aquella lógica fue cuestionada por quienes hoy gobiernan. Sin embargo, el operativo encabezado por Bornoroni genera la sensación de que la metodología sigue siendo la misma, aunque con distintos protagonistas.
La presencia de la conducción del Banco Nación profundiza aún más las dudas. Se trata de una entidad financiada por todos los argentinos, no de una herramienta partidaria ni de una caja destinada a fortalecer armados políticos. Cuando los créditos parecen depender más de la cercanía ideológica que de criterios objetivos, transparentes y universales, se erosiona la confianza en las instituciones.
La discusión de fondo no es únicamente financiera. Es política y ética. Si el acceso a recursos públicos depende de la simpatía con el gobierno de turno, entonces se consolida un sistema de premios y castigos incompatible con la igualdad de oportunidades entre municipios.
Bornoroni y La Libertad Avanza tienen derecho a construir poder político. Lo que no deberían hacer es mezclar esa construcción con herramientas estatales que pertenecen a todos los argentinos. Porque cuando el Banco Nación se convierte en una extensión de la estrategia partidaria, la promesa de terminar con las viejas prácticas corre el riesgo de convertirse en una simple consigna de campaña.
Si los fondos públicos llegan sólo a los amigos del poder, la diferencia con aquello que durante años se criticó empieza a ser cada vez más difícil de encontrar.