La gestión del PAMI vuelve a quedar bajo la lupa por el manejo de los recursos destinados a la atención de los jubilados. Mientras acumula una deuda de más de $4.000 millones con el sistema público de salud de Córdoba y arrastra miles de facturas impagas, encontró fondos para cancelar las correspondientes al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, una ciudad que tendrá elecciones municipales el próximo 6 de septiembre.
Los números son contundentes. Al cierre del primer semestre de 2026, la deuda reclamada por la Provincia alcanzaba los $4.081 millones. Solamente durante los primeros seis meses del año se facturaron al PAMI unos $2.551 millones correspondientes a alrededor de 330 facturas. A eso se suman 125 facturas impagas de 2025 por otros $923 millones.
El problema, además, está lejos de ser nuevo. Córdoba acumula reclamos desde 2018 y contabiliza unas 3.200 facturas impagas por prestaciones que los hospitales públicos brindaron a afiliados del PAMI.
Es decir: los jubilados tienen una obra social nacional que debería financiar su atención, pero cuando terminan siendo asistidos en hospitales provinciales, es Córdoba la que debe poner médicos, enfermeros, medicamentos, camas, estudios e infraestructura y después esperar que PAMI devuelva el dinero.
La propia Nación reconoció la magnitud del problema. En documentación oficial presentada este año se admitió que, al 8 de abril, el PAMI mantenía deudas con hospitales públicos cordobeses por $4.229.546.552. La Provincia, incorporando intereses, calculaba que el rojo podía ascender a aproximadamente $4.700 millones.
Pero en medio de semejante montaña de facturas apareció una excepción llamativa: Marcos Juárez.
PAMI canceló seis facturas correspondientes a prestaciones realizadas en el Hospital Abel Ayerza entre octubre de 2025 y marzo de 2026. En total fueron $168.319.151.
Pagó $29,8 millones correspondientes a octubre, $28,9 millones de noviembre, $29,2 millones de diciembre, $27,5 millones de enero, $26,7 millones de febrero y otros $26 millones de marzo.
¿Por qué allí sí?
Marcos Juárez atravesó una situación particularmente delicada después del cierre de la clínica que atendía a afiliados del PAMI, lo que obligó al hospital público a absorber parte de esa demanda. Pero existe otro dato imposible de ignorar: la ciudad tendrá elecciones el próximo 6 de septiembre.
La coincidencia merece, como mínimo, una explicación pública de las autoridades nacionales: mientras miles de facturas permanecen sin cancelar y Córdoba reclama miles de millones de pesos, PAMI decidió priorizar justamente los pagos correspondientes al hospital de una ciudad que está a pocas semanas de votar.
El problema excede incluso a Córdoba. Según los datos reconocidos oficialmente, PAMI acumulaba a nivel nacional un pasivo de aproximadamente $21.700 millones con efectores públicos.
Detrás de esas cifras hay una realidad mucho más concreta: son hospitales provinciales y municipales los que terminan financiando prestaciones correspondientes a una obra social nacional sostenida con recursos destinados específicamente a los jubilados.
PAMI cobra, los hospitales atienden y las provincias esperan.
Y mientras la deuda se acumula durante años, la aparición selectiva de fondos en Marcos Juárez abre un interrogante incómodo para la gestión nacional: si había dinero para pagar allí, ¿por qué no se pagan también las miles de facturas pendientes del resto del sistema público cordobés?
Los jubilados no deberían convertirse en una variable electoral ni los hospitales públicos en financistas involuntarios del PAMI. Mucho menos cuando hablamos de una deuda multimillonaria que finalmente termina soportando el conjunto de los contribuyentes cordobeses.