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Cambia el empleo público: las dos condiciones que los trabajadores deberán cumplir “sí o sí” para ocupar un cargo en el Estado

El Gobierno nacional avanzó con una modificación clave en el régimen de empleo público que redefine las condiciones para ingresar o permanecer en un cargo estatal. La medida establece un nuevo esquema de criterios obligatorios que alcanzará a todos los organismos de la administración pública nacional y que apunta a endurecer los requisitos de acceso.

A partir de ahora, quienes aspiren a trabajar en el Estado deberán cumplir dos condiciones excluyentes, sin excepciones.

La primera es la aprobación de una Evaluación General de Conocimientos y Competencias. Se trata de un examen obligatorio de idoneidad que deberán rendir tanto los aspirantes a un nuevo cargo como los trabajadores contratados cuyos vínculos laborales deban renovarse. Sin aprobar esta evaluación, no será posible ingresar al empleo público ni continuar en él. El examen es estandarizado, tendrá un puntaje mínimo para ser considerado aprobado y funcionará como filtro previo para cualquier designación.

La segunda condición es el cumplimiento estricto de los requisitos legales tradicionales del empleo público, establecidos en el régimen vigente. Entre ellos se encuentran la acreditación de idoneidad para la función a desempeñar, la aptitud psicofísica, la inexistencia de antecedentes penales incompatibles con la función pública y el cumplimiento de las condiciones formales exigidas por la normativa. Estos requisitos ya existían, pero ahora quedan reforzados y subordinados al nuevo sistema de evaluación.

Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es “jerarquizar” el empleo público y ordenar la planta estatal, en línea con la política de reducción del gasto y control de contrataciones. En los hechos, la medida introduce una barrera adicional para el ingreso al Estado y suma presión sobre miles de trabajadores con contratos temporarios, que deberán aprobar el examen para continuar.

El nuevo esquema marca un cambio profundo en la lógica de acceso al empleo público: sin examen aprobado y sin cumplir todos los requisitos legales, no hay cargo posible en el Estado.

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