Por Romualdo de la Hoya
El proyecto de Ley de Libertad Educativa pretende reconfigurar de raíz el sistema escolar argentino habilitando la educación en el hogar, la enseñanza a distancia y otros modelos que, en teoría, amplían las opciones disponibles para las familias. El Gobierno lo presenta como un avance, como una apertura hacia la “libre elección”. Pero detrás del slogan, la pregunta central es otra: ¿libertad para quién?
Porque en un país donde millones de chicos no tienen una computadora, un teléfono adecuado, conectividad estable ni siquiera un espacio digno donde sentarse a estudiar, esta ley corre el riesgo de convertir la igualdad educativa en un privilegio al que pocos podrán acceder. Lo que se presenta como libertad puede convertirse, sin rodeos, en una forma sofisticada de exclusión.
Cuando la libertad es un lujo
El proyecto presupone que todos los hogares cuentan con lo básico para sostener una educación alternativa. Supone que hay conectividad, que hay dispositivos, que hay adultos disponibles y formados para acompañar. Pero la realidad es otra.
¿Qué ocurre con un alumno que no tiene computadora ni celular? ¿Qué sucede con quien vive en un hogar hacinado, sin mesa donde estudiar, sin silencio, sin privacidad, sin estabilidad? ¿Qué pasa con quienes dependen de la escuela para tener un ambiente seguro, una rutina, un espacio de socialización o incluso un plato de comida?
La ley no ofrece respuestas. Solo desplaza la obligación del Estado hacia las familias, como si todos vivieran las mismas condiciones materiales. Es un enfoque que desconoce la desigualdad estructural del país o, peor aún, que elige ignorarla.
La brecha digital, un problema que el Gobierno no resolvió
Resulta imprescindible recordar cuántas computadoras entregó este Gobierno. La respuesta es simple: muy pocas. Las metas prometidas no se cumplieron y las cifras reales muestran una distribución mínima de dispositivos, muy por debajo de las necesidades del sistema educativo. La brecha digital no solo sigue abierta: se profundizó.
Hablar de libertad educativa sin haber garantizado previamente acceso universal a herramientas tecnológicas básicas es, como mínimo, irresponsable. Es construir un edificio sin cimientos. Es legislar desde una abstracción que no coincide con la vida real de millones de estudiantes.
La escuela como institución social, no como trámite
La escuela pública argentina no es únicamente un espacio de transmisión de contenidos. Es una institución social central. Garantiza derechos. Acompaña trayectorias. Contiene. Igualan sus aulas, aunque sea por unas horas, las asimetrías que se viven afuera.
Reducirla a un servicio que las familias pueden “elegir” libremente es desentenderse de su importancia como institución democrática. La libertad individual no puede utilizarse como excusa para desarmar un sistema que, con todas sus falencias, sigue siendo la herramienta más potente de inclusión social.
La pregunta que el proyecto evita responder
Quienes impulsan esta ley repiten que amplía libertades. Pero cualquier norma debe evaluarse por sus efectos reales, no por su retórica. Y la pregunta de fondo, la que el proyecto evita, es sencilla: ¿qué ocurre con los estudiantes que no tienen acceso a tecnología, conectividad u hogares aptos para estudiar?
Si el Estado se retira sin garantizar previamente condiciones mínimas, la libertad educativa no es libertad: es abandono.
Qué dice el proyecto que se tratará en los próximos días
La propuesta implica un cambio de paradigma frente a la Ley de Educación Nacional 26.206, vigente desde 2006, y abre la puerta a nuevas modalidades de enseñanza, mayor autonomía familiar y una redefinición del rol del Estado en la provisión educativa.
Un nuevo concepto de “libertad” en la educación
El proyecto parte de una premisa central: que las familias tengan libertad plena para elegir cómo educar a sus hijos. En ese marco, la ley incorpora modalidades que hoy no están reconocidas formalmente, como:
- Educación en el hogar (home schooling).
- Modelos híbridos o combinados entre presencialidad y virtualidad.
- Educación totalmente a distancia, incluso en edad escolar básica.
Esta ampliación de opciones rompe con el modelo de escolaridad obligatoria tradicional y busca adaptarse —según sus impulsores— a los cambios tecnológicos, de movilidad y de diversidad cultural que atraviesa la sociedad.
El fin de la Ley 26.206 tal como se conoce
La Libertad Educativa implica, en los hechos, la derogación parcial o total de la Ley de Educación Nacional, un marco que desde hace casi dos décadas establece que la educación es un bien público y que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizarla en condiciones de igualdad.
La normativa actual impulsó:
- La obligatoriedad desde sala de 5 hasta el nivel secundario.
- La prioridad presupuestaria.
- La igualdad de acceso, la gratuidad y el carácter inclusivo del sistema.
- La regulación de la educación privada dentro de un marco público común.
El proyecto del Gobierno reemplaza esta lógica por un esquema basado en la libertad de elección y la descentralización.
La enseñanza religiosa, otro punto de discusión
Otro de los aspectos más sensibles del proyecto es que habilita a las provincias a ofrecer educación religiosa confesional en las escuelas públicas, siempre de manera optativa y fuera del horario escolar. Esto supone una modificación significativa en relación con el paradigma laico que predomina en gran parte del país y que está asociado al sistema público moderno.
¿Qué cambia para el Estado?
La Ley de Libertad Educativa redefine el rol del Estado nacional y provincial: deja de ser un proveedor centralizado para convertirse en un garante de opciones y certificaciones. El Estado continúa reconociendo títulos y supervisando la calidad, pero ya no es el único responsable de la formación integral de los estudiantes.
Para los defensores del proyecto, el Estado debe generar “competencia” entre modelos educativos y permitir que las familias elijan. Para los críticos, en cambio, esta reforma puede profundizar desigualdades, fragmentar el sistema y dejar sin herramientas a los sectores más vulnerables.
Un debate que atraviesa a toda la sociedad
La propuesta reavivó discusiones sobre el sentido de la educación pública, la equidad, el financiamiento y la relación entre el Estado, las familias y el mercado. Especialistas advierten que la incorporación del home schooling sin regulaciones estrictas podría generar vacíos pedagógicos y dificultades para certificar aprendizajes. Otros alertan sobre el riesgo de “desinstitucionalizar” la escuela sin un modelo alternativo sólido.
Mientras tanto, el Gobierno defiende la iniciativa como una modernización necesaria y un cambio estructural para “romper con el monopolio estatal” en materia educativa.
Un escenario abierto
La Ley de Libertad Educativa aún debe atravesar el debate legislativo, donde se anticipa un escenario complejo. Gobiernos provinciales, sindicatos docentes, universidades y organizaciones sociales ya comenzaron a presentar objeciones y propuestas alternativas.
En un país con profundas desigualdades educativas, el resultado del debate definirá no solo el futuro de la escuela, sino también el modelo social que la Argentina quiere construir.