La presión sobre Luis Caputo vuelve a intensificarse mientras economistas de distintas corrientes coinciden en que, con el esquema actual, el Gobierno no llega a cumplir la meta fiscal que se autoimpuso. Para alcanzar el objetivo de un superávit primario del 1,6% del PBI en 2026, el Ministerio de Economía debería consolidar un ajuste adicional que, según especialistas, difícilmente pueda sostenerse sin profundizar el recorte real sobre el gasto público y sin nuevos aumentos de tarifas.
La hoja de ruta oficial prevé un superávit primario de apenas 0,15% del PBI en 2025, una cifra que los analistas consideran “demasiado frágil” en un contexto de desaceleración económica, caída del consumo y una recaudación que no tracciona al ritmo necesario. Con actividad en retroceso, inflación todavía en niveles de dos dígitos mensuales y un mercado laboral deteriorado, la capacidad del Gobierno para generar ingresos genuinos se achica al mismo tiempo que crecen las presiones sociales sobre las partidas más sensibles.
La tensión fiscal se combina con el impacto del Presupuesto 2026, que proyecta un gasto total de $92 billones y un incremento del 5,7% en Prestaciones Sociales, un aumento que en términos reales podría ser incluso una baja si la inflación no logra moderarse. Para los economistas, ese número expone el dilema central: el Gobierno promete disciplina fiscal, pero enfrenta un mapa social erosionado y crecientes demandas de gobernadores, sindicatos y organizaciones sociales.
Mientras tanto, los movimientos del peronismo también condicionan el escenario político. El Consejo Nacional del PJ se reunirá en las próximas horas para fijar una estrategia común frente al paquete de reformas estructurales que intenta impulsar la Casa Rosada. La discusión interna incluirá desde el rol que tendrá la oposición en el Congreso hasta la posibilidad de unificar posiciones frente a los próximos capítulos del ajuste.
El margen de Caputo se achica: entre la necesidad de apretar más el torniquete para llegar a la meta fiscal y el riesgo político de profundizar un ajuste que ya golpea a la clase media y a los sectores más vulnerables. El interrogante que sobrevuelan los economistas es si el Gobierno está dispuesto —o si tiene espaldas políticas— para avanzar en un recorte adicional sin que el costo social termine volviéndose inmanejable.