Luis Caputo no solo oculta información: miente. Y lo hace sabiendo que un documento oficial del propio Estado contradice punto por punto su relato. Mientras el ministro de Economía vende en los medios una inflación “controlada” y “realista”, el Informe de Política Monetaria del Banco Central reconoce que, desde febrero de 2026, el INDEC cambiará las reglas para medirla. No para medir mejor, sino para que el número cierre políticamente.
El texto es brutal en su sinceridad técnica. El nuevo IPC se construye con datos de consumo de 2017 y 2018, una Argentina que ya no existe. Caputo habla de estadísticas modernas, pero la inflación que usa para justificar el ajuste se calcula con hábitos de consumo previos a la pandemia, a la megadevaluación y a la pulverización salarial. Es una estafa metodológica presentada como actualización.
Peor todavía: el propio documento admite que los ponderadores no se ajustan por la evolución real de los precios entre 2018 y 2025. Es decir, el índice ignora deliberadamente los tarifazos, la explosión de los servicios privatizados y el encarecimiento brutal de vivir. Justo los rubros que más suben y que más pesan en la vida cotidiana quedan licuados en la estadística.
El informe no disimula el objetivo político. Habla de “mayor claridad comunicacional” y de reducir la sensibilidad del índice frente a shocks inflacionarios de corto plazo. Traducido del lenguaje técnico: suavizar los picos, planchar los números y sostener el relato. No es una mejora estadística: es una operación de maquillaje.
Así, el propio Estado deja en evidencia a Caputo. Cuando afirma que la inflación refleja lo que pasa en la calle, el documento oficial prueba lo contrario. Cuando asegura que no hay manipulación, el informe confirma que el índice fue diseñado para doler menos en los gráficos que en los bolsillos.
Caputo no es víctima de un error técnico. Es el arquitecto de una mentira oficial. Y el nuevo IPC no viene a decir la verdad: viene a ocultarla con precisión matemática.