El Concejo Deliberante de Estación General Paz se prepara para aprobar en los próximos días un proyecto de ordenanza impulsado por la Concejal radical Zulma Moyano, que implementa el Sistema de Ficha Limpia en este municipio. La iniciativa, que cuenta con apoyo unánime de todos los bloques legislativos, sería sancionada la próxima semana, estableciendo restricciones específicas para quienes tengan condenas firmes y definitivas.
Con la aprobación de esta ordenanza, el ex intendente Carlos Borgobello se convertirá en el primer político local en quedar inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos en Estación General Paz. La sanción le impide, de manera definitiva, postularse o desempeñar cargos como intendente, concejal, tribunales de cuentas o secretarios del Ejecutivo.
El motivo de esta medida es una condena firme en su contra por la instalación y gestión de un sistema de radares ilegales en la ruta 9, durante los años 2007 a 2010. La condena, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece su inhabilitación por tiempo indeterminado, debido a la gravedad del delito y la falta de posibilidad de revisión.
Cabe destacar que en Córdoba, desde 2023, se encuentra vigente la Ley de «Ficha Limpia» (Ley Nº 10.347), que establece la inhabilitación para ocupar cargos públicos a personas condenadas por delitos graves, con sentencia firme, y que hayan sido dispuestos en causas de corrupción, violaciones a los derechos humanos u otros delitos de gravedad. Esta ley fue un avance en la lucha contra la corrupción política y busca promover la transparencia y la honestidad en la función pública.
Actualmente, Borgobello se encuentra alejado de la gestión municipal, y en la actualidad trabaja activamente en la campaña de Natalia De La Sota en diferentes zonas del norte cordobés, reforzando su compromiso con su sector político mientras afronta las consecuencias de su condena.
Esta medida en Estación General Paz marca un precedente en la provincia, en línea con la legislación que busca evitar que personas condenadas con sentencia firme puedan volver a desempeñar funciones públicas, fortaleciendo los principios de transparencia y ética en la política local.