Aimé Ayelén “Meme” Vázquez fue designada en abril de 2026 como directora titular del Correo Argentino. El nombramiento no es menor: se suma a su rol, vigente desde el 1 de enero, como jefa de la Unidad Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete, es decir, una de las funcionarias de mayor cercanía y confianza de Manuel Adorni.
En cuestión de meses, Vázquez pasó a ocupar simultáneamente un lugar clave en la estructura política del Gobierno y un sillón en el directorio de la empresa postal estatal. Una doble función que, por sí sola, ya abre interrogantes sobre la concentración de poder.
Pero hay más.
Según registros societarios, la funcionaria mantiene participación activa en al menos dos empresas privadas. Por un lado, Magma Sinergia SRL, una consultora de comunicación creada en 2023, donde figura como socia y representante, dedicada a estrategia, contenidos y manejo de redes. Por otro, Condor Investment S.A., también constituida ese mismo año, en la que comparte sociedad con el empresario Leonardo Andrés Rodríguez Nader, orientada a negocios inmobiliarios, fideicomisos e inversiones.
Es decir: mientras ocupa cargos estratégicos dentro del Estado, Vázquez continúa vinculada a actividades privadas directamente relacionadas con áreas sensibles como la comunicación y los negocios financieros.
La situación choca de lleno con el espíritu de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, que obliga a los funcionarios a abstenerse de intervenir en cuestiones donde existan intereses personales o vínculos societarios que comprometan su imparcialidad, y prohíbe actividades privadas en conflicto con la función pública.
Hasta el momento, no hay información pública que indique que Vázquez haya renunciado a sus participaciones societarias ni que se hayan establecido mecanismos formales de excusación para evitar conflictos de interés.
El cuadro que se configura es claro: una funcionaria central en el armado político de Adorni que, al mismo tiempo, integra el directorio de una empresa estatal y mantiene intereses en el sector privado.
Más que una irregularidad aislada, se trata de un esquema que expone posibles incompatibilidades y plantea una pregunta de fondo: ¿quién controla a quienes concentran poder político y, a la vez, intereses económicos?