Mientras el Gobierno nacional pregona el ajuste, la meritocracia y el fin de los privilegios en el Estado, una decisión tomada en las últimas horas por la conducción de la ARCA abrió una fuerte polémica puertas adentro del organismo. Una disposición firmada por el director ejecutivo, Andrés Vázquez, otorgó 246 ascensos y recategorizaciones que, según denuncian trabajadores, ignoraron criterios básicos de antigüedad, capacitación y carrera administrativa establecidos en el convenio colectivo.
La medida provocó indignación entre empleados de larga trayectoria que observan cómo cargos jerárquicos y categorías salariales de alto nivel fueron asignados a personas con vínculos políticos, familiares o de confianza de la actual conducción.
Uno de los casos que más ruido generó es el de Nicolás Andrés Velis, hijo del director general de Aduanas, José Andrés Velis. Según trascendió, fue promovido al Grupo 3 del escalafón, una categoría reservada para personal de altísima jerarquía y responsabilidad. La situación despertó cuestionamientos porque el beneficiado no contaría con título universitario y además posee una antigüedad considerablemente menor que la de numerosos agentes que quedaron relegados.
“Hay trabajadores con tres décadas de servicio, estudios universitarios y especializaciones que siguen esperando ascensos que nunca llegan. Ahora ven cómo categorías equivalentes son entregadas a personas con apellidos influyentes”, señalan fuentes internas.
La controversia no es menor. En la estructura de la ARCA, una recategorización implica ingresos que pueden superar los seis millones de pesos mensuales entre salario y adicionales por jerarquización. Se trata de cargos que permanecen más allá de los cambios de gobierno y que impactan directamente en la carrera profesional y los ingresos futuros de quienes los ocupan.
La lista de beneficiados también incluiría funcionarios vinculados políticamente al oficialismo, alimentando las sospechas de que los ascensos respondieron más a criterios de afinidad que a evaluaciones objetivas de desempeño.
La situación expone una contradicción difícil de explicar para una administración que construyó buena parte de su discurso público sobre la eliminación de los privilegios estatales. Mientras miles de empleados públicos enfrentan congelamientos salariales, despidos y reducción de estructuras, en uno de los organismos con mejores remuneraciones del Estado avanzan promociones que son percibidas por gran parte de la planta como auténticos ascensos a dedo.
El malestar crece día tras día y ya hay sectores que reclaman la publicación completa de los antecedentes académicos, evaluaciones de desempeño y fundamentos técnicos que justificaron cada una de las 246 promociones. La pregunta que sobrevuela los pasillos de la ARCA es tan simple como incómoda: si la meritocracia era la bandera del cambio, ¿por qué los cargos más codiciados terminan beneficiando a familiares, allegados y dirigentes cercanos al poder?