La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad en la Argentina, una iniciativa impulsada con fuerza por el gobierno de Javier Milei y acompañada por sectores aliados que reclaman un endurecimiento del sistema penal juvenil. La propuesta modifica el régimen penal vigente y permite juzgar a adolescentes desde una edad menor a la actual, bajo el argumento de que el delito juvenil creció y el Estado necesita “dar respuestas”.
El debate fue áspero y expuso una grieta profunda. Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca terminar con la “impunidad” de menores que cometen delitos graves y que hoy, según afirman, quedan fuera del sistema penal. Argumentan que la sociedad exige medidas firmes frente a hechos violentos protagonizados por adolescentes y que el nuevo régimen incluiría institutos diferenciados y garantías específicas.
La oposición, en cambio, advirtió que se trata de una medida efectista que no ataca las causas estructurales del delito. Legisladores críticos señalaron que bajar la edad no resolverá los problemas de fondo como la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades, y alertaron sobre el riesgo de criminalizar a jóvenes vulnerables sin reforzar al mismo tiempo políticas sociales y educativas. También recordaron que el sistema actual ya contempla medidas para menores en conflicto con la ley penal, aunque reconocen falencias en su implementación.
Organismos de derechos humanos y especialistas en niñez cuestionaron el proyecto por considerar que podría vulnerar estándares internacionales de protección de derechos de niños y adolescentes. Sostienen que el enfoque punitivo desplaza la discusión sobre prevención y reinserción, y que el Estado debería priorizar inversión en contención y acompañamiento antes que ampliar el alcance del castigo.
Ahora la iniciativa deberá ser tratada en el Senado, donde el oficialismo necesitará construir mayorías para convertirla en ley. Mientras tanto, el debate seguirá abierto en la sociedad: entre quienes creen que la baja de la edad de imputabilidad es una herramienta necesaria frente al delito y quienes la ven como una respuesta simplista a un problema complejo.