Los vecinos estallaron de bronca en La Calera. Días sin agua, mentiras a doquier, plazos que no se cumplen, camiones con agua que no aparecen, bidones que se entregan a dedo, la ineptitud de un intendente y un sinfín de cuestiones que hicieron que el malestar y el el enojo fuera moneda corriente en la ciudad de Rambaldi.
La cooperativa que provee el agua en el lugar sucio la rotura de un caño, y lejos el jefe municipal de solucionar el asunto salió al cruce de la provincia y a tratar a la prestadora del servicio de “ineficiente y peronista”, algo que enardeció aún más el humor social de los calerenses.
El comunicado difundido por la Asociación de Cooperativas de Colón Punilla buscó llevar tranquilidad a los vecinos de Sierras Chicas tras la reparación del acueducto troncal, pero dejó al descubierto un dato incómodo que abre un nuevo foco de conflicto: la millonaria deuda que mantiene el municipio de La Calera y que, según la propia entidad, asciende a $1.200 millones.
En el texto, la Asociación fue categórica al despegar el corte de agua de cualquier otra causa que no sea la rotura del conducto. Sin embargo, en el mismo documento introdujo una aclaración que no pasó desapercibida: existe una deuda millonaria pendiente de regularización por parte del municipio. Es decir, mientras se intenta cerrar la crisis operativa, queda latente una crisis financiera de gran magnitud.
En ese contexto, las miradas apuntan directamente al intendente Rambaldi, bajo cuya gestión esa deuda no solo no fue saldada, sino que tampoco tiene un esquema claro de cancelación. La cifra —$1.200 millones— no es menor: representa un pasivo significativo en un servicio esencial como el agua potable, que impacta de lleno en miles de vecinos.
El problema no es únicamente la falta de pago. Lo que empieza a generar mayor inquietud es la ausencia de explicaciones públicas sobre el destino de esos fondos. Si el municipio no cumplió con esa obligación, la pregunta que se impone es inevitable: ¿qué pasó con ese dinero? Hasta el momento, no hay información oficial detallada que permita reconstruir con claridad cómo se administraron los recursos que debían destinarse a sostener el sistema.
El silencio de las autoridades municipales frente a este punto contrasta con la contundencia del reclamo de la Asociación. Mientras desde el organismo se remarca que la deuda “continúa pendiente de regularización”, desde el municipio no hubo precisiones ni anuncios concretos sobre un plan de pago o una auditoría que esclarezca la situación.
En medio de un servicio que recién comienza a normalizarse tras una falla crítica, el trasfondo económico agrega una capa de incertidumbre aún mayor. Porque si algo deja en evidencia este episodio es que la infraestructura puede repararse, pero la falta de transparencia y de պատասխանabilidad en la gestión de los recursos públicos sigue siendo una deuda mucho más difícil de saldar.