El Gobierno nacional modificó por decreto las condiciones de transferencia del personal del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). La decisión impulsada desde el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, abre la puerta a un fuerte ajuste de personal que podría afectar a 1.450 trabajadores en todo el territorio argentino.
La crisis del sistema de salud de las Fuerzas Armadas suma un nuevo capítulo. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1286/2026, publicado este miércoles 28 de octubre, el Gobierno de Javier Milei introdujo modificaciones sustanciales al proceso de disolución del IOSFA y su reemplazo por la OSFA.
La medida representa un cambio de fondo respecto del esquema original: mientras que el Decreto 88/2026 contemplaba la transferencia del personal a las nuevas estructuras, ahora será el Directorio de OSFA el encargado de determinar cuántos trabajadores necesita y quiénes podrán continuar desempeñando funciones.
En términos concretos, se elimina la garantía de transferencia automática del personal y se habilita un mecanismo de selección que deja en una situación de profunda incertidumbre laboral a cientos de familias.
Presti impulsa una reestructuración con riesgo de despidos
La nueva normativa establece que únicamente será incorporado a OSFA el personal considerado necesario para cumplir con los objetivos de la institución.
Aquellos trabajadores que no sean seleccionados quedarán bajo la órbita del administrador del IOSFA en liquidación, quien deberá determinar las medidas correspondientes según el régimen laboral aplicable.
En el caso de los empleados de planta permanente con estabilidad, el decreto contempla su pase a disponibilidad dentro del Ministerio de Defensa, hasta que se resuelva una eventual reubicación o baja.
Esto significa que la normativa no dispone 1.450 despidos inmediatos, pero habilita un procedimiento que podría derivar en la pérdida de puestos de trabajo, dependiendo de las decisiones administrativas que se adopten durante la transición.
El Gobierno justifica el ajuste por razones presupuestarias
El argumento oficial para modificar el esquema de transferencia está vinculado con la reducción de la población beneficiaria de OSFA, luego de que Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina fueran incorporadas al sistema de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Según los fundamentos del decreto, mantener la totalidad de la estructura laboral anterior podría provocar un grave desequilibrio financiero, operativo y presupuestario.
Además, el Gobierno sostiene que OSFA debe respetar un límite máximo del 8% de sus recursos destinado a gastos administrativos.
Bajo ese argumento, la administración nacional decidió priorizar una reducción de la estructura de personal, sin establecer en el texto una garantía de continuidad laboral para todos los trabajadores civiles.
Incertidumbre en todo el país
La reestructuración no se limita a las oficinas centrales. El IOSFA cuenta con dependencias y servicios distribuidos en distintas provincias, por lo que las consecuencias laborales podrían extenderse a numerosas localidades.
A esto se suma que el personal de Gendarmería y Prefectura que se encontraba en comisión o adscripto al IOSFA deberá regresar a sus respectivas fuerzas de origen.
Por otra parte, el personal de OSFFESEG pasará a regirse por la Ley 25.164 de Empleo Público Nacional, que regula aspectos como la carrera administrativa, la estabilidad y los mecanismos de disponibilidad.
El proceso de transición mantiene un plazo de 365 días corridos desde el 5 de febrero de 2026.
La decisión coloca a los trabajadores civiles frente a un escenario de incertidumbre: después de años de servicio en la obra social militar, su continuidad laboral dependerá de la cantidad de puestos que el nuevo Directorio decida conservar.
ATE denuncia que 1.450 trabajadores quedarían fuera de la nueva estructura
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) advirtió que, de los 2.450 empleados actuales del IOSFA, apenas 1.000 serían incorporados a OSFA. Según las estimaciones del gremio, otros 1.000 trabajadores contratados perderían sus puestos y 450 empleados de planta permanente pasarían a disponibilidad. Estas cifras corresponden a la denuncia sindical y no constituyen una nómina de despidos confirmada por el decreto.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente al Gobierno y anunció una movilización frente al Ministerio de Defensa para este jueves 29 de octubre, a las 10:30.
El conflicto también alcanza a las farmacias, centros médicos y establecimientos turísticos vinculados con la obra social. En Córdoba, los representantes gremiales vienen advirtiendo sobre el riesgo laboral que enfrentan más de 300 empleados civiles de hoteles y residencias.
La administración de Presti sostiene que la reestructuración permitirá sanear las cuentas y concentrar los recursos en las prestaciones médicas. Sin embargo, el nuevo decreto deja una consecuencia inmediata: la continuidad de cientos de trabajadores ya no está garantizada.
Mientras el Gobierno habla de eficiencia y equilibrio presupuestario, 1.450 trabajadores y sus familias enfrentan la posibilidad de quedarse sin su fuente de ingresos. La crisis del IOSFA, lejos de resolverse, suma ahora un conflicto laboral de alcance nacional.