La Justicia federal argentina concedió este martes la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien comenzará a cumplir su condena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en la causa Vialidad. La resolución, dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 y notificada de manera virtual por el juez Jorge Gorini, establece que la exmandataria permanecerá en su departamento ubicado en la calle San José 1111, piso segundo, departamento «d», en el barrio porteño de Constitución, donde reside junto a su hija Florencia Kirchner y su nieta.
La decisión, que se fundamenta en la edad de Fernández de Kirchner (72 años) y en el intento de homicidio sufrido en septiembre de 2022, incluye condiciones estrictas. La expresidenta deberá usar un dispositivo de vigilancia electrónica (tobillera) y abstenerse de «adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica». Además, en un plazo de 48 horas, debe presentar una lista de personas autorizadas a visitarla, incluyendo familiares, médicos, abogados y custodia policial. La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal supervisará el cumplimiento de la condena cada tres meses.
El fallo desactiva la citación previa para que Fernández de Kirchner se presentara en los tribunales de Comodoro Py, evitando así una posible movilización masiva de militantes peronistas convocada para este miércoles. Pese a la oposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes argumentaron que no existían razones humanitarias para otorgar este beneficio, el tribunal consideró que la vivienda cumple con las condiciones necesarias, según un informe socioambiental que destacó su buen estado y acceso a servicios.
Desde el kirchnerismo, se mantiene la consigna de apoyo a la exmandataria, con una marcha prevista en Constitución bajo el lema “Cristina Libre”, mientras la defensa de Fernández de Kirchner planea acciones internacionales para revertir la inhabilitación perpetua para cargos públicos. Por su parte, el gobierno porteño expresó preocupación por el impacto en la seguridad y el tránsito en la zona, solicitando medidas excepcionales para garantizar el orden público.