La causa Vialidad, uno de los procesos judiciales más resonantes de la historia reciente de Argentina, culminó con la condena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A continuación, se detalla el cronograma de los hitos principales de esta investigación, desde su inicio hasta la confirmación de la sentencia por la Corte Suprema en 2025.
- 2008: Denuncia inicial
- La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia durante la presidencia de Cristina Kirchner, señalando presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz a empresas del empresario Lázaro Báez, amigo cercano de la familia Kirchner. La investigación apuntó a posibles sobreprecios, demoras injustificadas y trabajos inconclusos en 51 obras viales financiadas con fondos nacionales entre 2003 y 2015.
- 2016: Formalización de la causa
- Javier Iguacel, entonces titular de la Dirección Nacional de Vialidad, presentó una denuncia basada en una auditoría que detallaba la concentración de obras en empresas de Báez, como Austral Construcciones, que recibió el 79% de las licitaciones en Santa Cruz. El caso quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.
- Mayo de 2019: Inicio del juicio oral
- Comenzó el juicio oral por la causa Vialidad en el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2), integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Cristina Kirchner fue acusada de liderar una asociación ilícita y defraudar al Estado mediante el direccionamiento de obras a Báez. La fiscalía, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, señaló como prueba clave el decreto 54/2009, que modificó un fideicomiso para agilizar pagos a Vialidad, facilitando la maniobra fraudulenta.
- Agosto de 2022: Pedido de condena
- El fiscal Diego Luciani solicitó 12 años de prisión para Cristina Kirchner y Lázaro Báez, considerándolos responsables de una “matriz de corrupción” que defraudó al Estado por más de 46 mil millones de pesos. También pidió la inhabilitación perpetua para cargos públicos. La defensa de Kirchner argumentó que no había pruebas directas que la vincularan y que las obras fueron aprobadas por el Congreso.
- Diciembre de 2022: Condena en primera instancia
- El 6 de diciembre, el TOF 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta, pero la absolvió del delito de asociación ilícita. También se le impuso una inhabilitación perpetua para cargos públicos y el decomiso de 84.835 millones de pesos. Lázaro Báez y otros exfuncionarios, como José López, también fueron condenados. La sentencia no quedó firme, permitiendo apelaciones.
- Noviembre de 2023: Confirmación en Casación
- La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Kirchner. La defensa presentó un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema, denunciando irregularidades y falta de imparcialidad.
- Septiembre de 2024: Filtración de la decisión
- Medios cercanos al macrismo publicaron que la Corte Suprema confirmaría la condena, basándose en una filtración sin precedentes que detallaba los votos de los jueces. La defensa de Kirchner, liderada por Carlos Beraldi, denunció intromisiones políticas y mediáticas, solicitando la nulidad del fallo por vulneración del secreto de deliberación.
- 10 de junio de 2025: Fallo de la Corte Suprema
- La Corte Suprema, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por unanimidad los recursos de la defensa de Kirchner, confirmando la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. El tribunal sostuvo que el debido proceso fue respetado y que las pruebas demostraron una maniobra fraudulenta liderada por Kirchner para beneficiar a Báez. La sentencia quedó firme, impidiendo a Kirchner postularse como candidata a legisladora bonaerense.
- Post-fallo: Detención y prisión domiciliaria
- El TOF 2 notificó a Kirchner que debía presentarse en un plazo de cinco días hábiles para cumplir la condena. Los fiscales Luciani y Mola pidieron su detención inmediata, mientras que la defensa solicitó prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, argumentando que Kirchner, de 72 años, cumple con el criterio de edad (mayor de 70 años) establecido por la Ley 24.660. La decisión final sobre la modalidad de cumplimiento quedó en manos de los jueces de ejecución.
Consecuencias políticas y sociales
La confirmación de la condena marcó un hito histórico, siendo Cristina Kirchner la primera expresidenta condenada por corrupción con sentencia firme en Argentina. El fallo generó fuertes reacciones: movilizaciones de apoyo en la sede del Partido Justicialista, cortes de rutas y tomas de facultades por estudiantes. Dirigentes como Axel Kicillof y Sergio Palazzo cuestionaron la sentencia, calificándola como un ataque a la democracia. Por otro lado, sectores opositores celebraron la decisión como un avance contra la impunidad.
Si bien la Justicia argumentó que las pruebas, como el decreto 54/2009 y la concentración de obras en Austral Construcciones, eran contundentes, la defensa de Kirchner insistió en la falta de evidencia directa y en una persecución política orquestada por el “Partido Judicial” y el poder económico. La coincidencia del fallo con el cronograma electoral, a un mes de la oficialización de candidaturas, alimenta los cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.
Esta cronología refleja un proceso judicial complejo que no solo impacta en la figura de Cristina Kirchner, sino también en el panorama político argentino, profundizando la polarización en un contexto de crisis económica y social.
