El caso de la irregular permanencia en la Municipalidad de Córdoba de Claudio Barrelier, señalado como presunto autor del crimen de la adolescente Agostina Vega, volvió a poner en discusión los mecanismos de control para el ingreso y permanencia de personal en el Estado municipal. Sin embargo, no es la primera vez que una situación de estas características genera controversia en el Palacio 6 de Julio.
Durante la gestión del entonces intendente y actual senador nacional Luis Juez, una investigación administrativa detectó el ingreso de decenas de personas con antecedentes penales o documentación apócrifa. El episodio comenzó a salir a la luz en octubre de 2006, cuando se conoció la contratación de trece personas que presentaban antecedentes incompatibles con el acceso a cargos en la administración pública.
Lejos de tratarse de una denuncia anónima o de una disputa política circunstancial, el caso derivó en actuaciones administrativas, investigaciones internas y una revisión integral de los legajos observados. Ese proceso continuó incluso después de la salida de Juez de la Intendencia y concluyó en 2009 con un resultado mucho más amplio: se detectó que cincuenta y dos personas con antecedentes penales o documentación falsificada habían ingresado a la Municipalidad durante los últimos meses de aquella gestión.
La auditoría impulsada por la nueva administración municipal permitió avanzar en los procedimientos legales correspondientes y derivó en una primera tanda de treinta y cuatro despidos. Según trascendió en ese momento, existió un entendimiento tácito con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), que optó por no cuestionar las cesantías debido a la gravedad de las irregularidades detectadas, a cambio de que las decisiones no fueran difundidas públicamente.
El origen de la controversia se remonta a los años finales de la gestión de Juez, cuando numerosos contratados fueron incorporados al municipio. Antes de dejar el cargo en diciembre de 2007, el entonces intendente concretó además el pase masivo a planta permanente de aproximadamente 4.500 trabajadores contratados.
Dos años más tarde, la revisión de los legajos permitió determinar que entre los agentes incorporados existían personas con causas judiciales abiertas, condenas previas e incluso antecedentes por delitos como tentativa de robo, situaciones que, según la normativa vigente, impedían su ingreso a la administración pública.
Aunque el episodio quedó relegado con el paso del tiempo, volvió a ser recordado en medio del debate generado por el caso Barrelier. Algunos observadores señalaron la contradicción entre las recientes declaraciones de Juez sobre los controles en el Estado y los antecedentes registrados durante su propia gestión municipal, una polémica que parecía archivada, pero que volvió a emerger en el escenario político cordobés.