La política argentina amaneció con una postal impensada hace apenas unos meses: los gobernadores de Provincias Unidas refugiados en una oficina del Congreso, convocados de urgencia para “bajar tensiones” después del terremoto que provocó el rearmado de bloques en Diputados. La escena lo dice todo: en la Argentina del hiperfragmentado Milei-parlamento, nadie controla completamente nada, y los mandatarios provinciales lo saben.
La sesión preparatoria dejó heridas abiertas. Mientras La Libertad Avanza avanzó a fuerza de sumas, fugas y acuerdos de pasillo hasta ponerse al borde de la primera minoría, el PJ cordobés vio una oportunidad de oro: posicionarse como árbitro silencioso en medio del caos, pegar un salto político y ampliar su área de influencia en un Congreso desordenado. Córdoba nunca se incomoda en el barro legislativo; suele disfrutarlo. Ahora, con el resto de los gobernadores nerviosos y un peronismo nacional fracturado, juega a dos puntas: colabora cuando conviene, presiona cuando hace falta y capitaliza el desconcierto ajeno.
Porque si algo quedó al desnudo es que la oposición nacional está rota. UP pierde diputados como si fueran fichas sueltas, el radicalismo vive una interna interminable entre los que quieren sobrevivir a Milei y los que quieren enfrentarlo, y el PRO mutó en un archipiélago ideológico donde cada isla negocia por su cuenta. El bloque macrista es apenas una sombra del que fue; los libertarios le comieron parte, el oficialismo los usa cuando quiere y la provincia de Buenos Aires dejó de tratarlos como socios. En síntesis: la oposición no logra ni sumar volumen ni ordenar un discurso común.
Ese vacío lo ocupa Provincias Unidas, que hoy se siente bloque, interbloque, partido, alianza y, sobre todo, llave del quórum. Por eso sus gobernadores se reunieron: no para pelearse, sino para discutir cuánto vale su voto en un Congreso donde cada diputado pesa como nunca. Las tensiones internas —quién negocia, con quién, por qué y a cambio de qué— amenazaban con romper un armado que nació más por necesidad que por convicción. Y lo último que quieren los gobernadores es perder el único instrumento real que tienen para condicionarle el juego a Milei.
Mientras tanto, el Presidente mira desde afuera con una mezcla de satisfacción y preocupación. Sabe que la fragmentación legislativa le permite dividir y avanzar, pero también que sus reformas clave dependen ahora de estos gobernadores que, entre mate, enojo y cálculo electoral, están definiendo qué tipo de país quieren después del 2026.
Entre el PJ cordobés que olfatea poder, una oposición que no logra encontrarse ni en el Congreso ni en sí misma, y unos gobernadores que recién descubren la dulzura del ser bisagra, emerge un nuevo tablero: áspero, imprevisible, profundamente federal y lleno de tensiones soterradas.
En ese paisaje, la cumbre de ayer no resolvió nada definitivo. Apenas puso una curita en una herida que promete volver a abrirse en cada votación importante. Pero algo quedó claro: en la Argentina de hoy, ninguna ley se aprueba sin que Provincias Unidas decida que se apruebe. Y los gobernadores ya entendieron el precio de ese poder.