Por Romualdo de la Hoya
Cuando en 2023 las urnas hablaron, hubo un dato silencioso pero contundente: en el mundo militar, en los retirados, en las familias castrenses y en buena parte del personal en actividad, el voto fue mayoritariamente para la fórmula de Javier Milei y Victoria Villarruel. La pregunta que hoy sobrevuela los cuarteles no es menor: ¿ese voto fue para Milei o fue para Villarruel?
Porque si algo quedó claro durante la campaña es que el puente con las Fuerzas Armadas no lo tendió Milei. Lo construyó Villarruel. Abogada, vinculada desde hace años a la agenda de memoria vinculada a las víctimas de organizaciones armadas y con diálogo fluido con retirados, fue ella quien dio señales concretas a un sector históricamente relegado presupuestariamente, castigado salarialmente y utilizado políticamente por distintos gobiernos.
Milei, en cambio, llegó al tema defensa más por estrategia electoral que por convicción programática. Su discurso estaba centrado en el ajuste fiscal, la motosierra y el Banco Central. Las Fuerzas Armadas no eran prioridad doctrinaria sino un capítulo más dentro del recorte general del Estado. La inclusión de Villarruel en la fórmula no fue casual: fue una decisión quirúrgica para ampliar base electoral y captar un voto que desconfiaba del sistema político tradicional pero que necesitaba garantías en materia de defensa y reconocimiento institucional.
Así se armó la fórmula: Milei aportaba la ruptura económica; Villarruel, el anclaje en orden, seguridad y reivindicación simbólica del mundo militar. Fue un equilibrio funcional. Y funcionó.
Ahora bien, una vez en el poder, la pregunta es quién defiende más a los efectivos. En los hechos, el gobierno avanzó con una política de fuerte ajuste que también alcanzó al área de defensa. El reequipamiento prometido sigue atado a limitaciones presupuestarias, los salarios continúan perdiendo contra la inflación y la brecha con otras fuerzas de seguridad no termina de cerrarse.
El caso más sensible es el de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas. La crisis financiera no empezó con esta gestión, pero tampoco encontró una solución de fondo. Prestaciones demoradas, deudas con prestadores y malestar creciente entre afiliados forman parte del panorama actual. En un gobierno que hace del equilibrio fiscal su bandera, el saneamiento de IOSFA no parece estar entre las urgencias prioritarias. Y eso golpea directamente a la base que confió.
En este escenario, Villarruel intenta mantener el vínculo simbólico con el sector, pero el manejo real del presupuesto y de las decisiones estratégicas pasa por la Casa Rosada. Y allí manda Milei. La contradicción es evidente: el voto militar ayudó a consolidar la victoria libertaria, pero las respuestas estructurales no llegan con la velocidad ni la profundidad que se prometieron.
Entonces, ¿de quién es el voto militar? Electoralmente, fue para la fórmula completa. Políticamente, fue el capital que aportó Villarruel. Pero en términos de responsabilidad de gestión, el dueño del poder es Milei. Y cuando el poder no responde, el crédito se agota.
El mundo castrense, acostumbrado a la disciplina y a la paciencia, empieza a hacerse preguntas. Porque una cosa es votar por expectativa y otra muy distinta es sostener apoyo cuando la obra social tambalea, los salarios pierden y las promesas de jerarquización quedan en el discurso.
El tiempo dirá si el voto militar fue una alianza estratégica duradera o apenas un capítulo más en la larga historia de desencuentros entre la política y las Fuerzas Armadas. Por ahora, lo único claro es que el respaldo que ayudó a ganar una elección no garantiza lealtad eterna si no se traduce en hechos concretos.