Un nuevo escándalo sacude al PAMI tras la denuncia de más de 500 oftalmólogos de todo el país, quienes alertan sobre sobreprecios de hasta diez veces en la compra de lentes intraoculares utilizados en cirugías de cataratas. Según reveló el programa ¿Y mañana qué? de Luciana Geuna en TN, hasta julio de 2025, los médicos adquirían estos insumos directamente a laboratorios por $24.000 a $35.000 por lente monofocal, un costo transparente y acorde al mercado. Sin embargo, tras la resolución 1737/2025, el PAMI centralizó las compras mediante una licitación de $80.730 millones, adjudicada a cinco laboratorios, disparando los precios a valores exorbitantes: entre $150.000 y $300.000 por lente.
Ejemplos concretos respaldan la acusación. Implantec S.A. vendió lentes Acryfold a $24.800 a oftalmólogos, pero los facturó al PAMI a $162.166. Visión Médica S.A. cotizó lentes Eyeol a $28.249, mientras el organismo pagó $279.704 por unidad. MSZ presupuestó lentes Auroflex a $32.000 más IVA, pero el PAMI desembolsó $177.939. Los profesionales aportaron facturas, presupuestos y resoluciones oficiales que evidencian estas irregularidades.
La centralización, justificada por el PAMI como una medida para mejorar trazabilidad y evitar copagos indebidos, no solo incrementó costos, sino que generó demoras en la entrega de insumos, obligando a reprogramar cirugías. Desde el organismo argumentan que el nuevo precio incluye soluciones viscoelásticas y logística, y que el costo total ($565.000 por cirugía) es menor al de otras obras sociales, como OSDE ($1.148.016) o la del Poder Judicial ($740.000). Sin embargo, los oftalmólogos y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, denuncian un “escándalo de corrupción”, señalando que los insumos son de menor calidad y han causado complicaciones en pacientes. Aguiar acusó al gobierno de eliminar controles y auditorías, facilitando “retornos” y negociados, y vinculó el caso a maniobras políticas de La Libertad Avanza.
La denuncia, que incluye contratos con la cuestionada Droguería Suizo Argentina, suma presión a investigaciones judiciales en curso por presunta cartelización y coimas en el PAMI y otras dependencias. El caso expone una vez más las tensiones entre la gestión estatal y la salud de los jubilados, dejando interrogantes sobre la transparencia en el uso de fondos públicos.