El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Pedro Ignacio Lines; la directora del Índice de Precios al Consumidor, Josefina Rim; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades vinculadas a la elaboración y difusión de estadísticas oficiales, en particular los datos de inflación.
Según el escrito judicial, la presentación se apoya en antecedentes vinculados a la intervención del INDEC en 2007 y en fallos posteriores que condenaron a exfuncionarios por manipulación de índices públicos. El denunciante sostiene que aquellas prácticas provocaron pérdida de confianza en las estadísticas nacionales, además de consecuencias económicas y judiciales tanto a nivel local como internacional.
En el documento se repasan los procesos de normalización institucional del organismo desde 2015, impulsados —según la denuncia— para garantizar autonomía técnica y transparencia en la producción estadística. En ese marco, el legislador advierte que cualquier interferencia política actual en la elaboración del Índice de Precios al Consumidor podría implicar un retroceso institucional y una vulneración de normas nacionales e internacionales que regulan la actividad estadística.
La presentación también menciona programas de trabajo recientes del INDEC y señala posibles inconsistencias o decisiones administrativas que, a criterio del denunciante, deberían ser investigadas por la Justicia para determinar si existió abuso de autoridad o manipulación de registros públicos.
Hasta el momento, desde el Gobierno no hubo una respuesta oficial detallada sobre el contenido de la denuncia, aunque en reiteradas oportunidades funcionarios nacionales defendieron la transparencia de los datos del organismo y aseguraron que las estadísticas se elaboran bajo estándares técnicos internacionales.
La causa deberá ahora ser evaluada por la Justicia federal, que definirá si abre una investigación formal y solicita medidas de prueba para avanzar sobre las acusaciones presentadas. Mientras tanto, el episodio vuelve a poner en el centro del debate público la credibilidad de las estadísticas oficiales y la independencia del organismo encargado de medir la evolución de los precios en la Argentina.