Facundo Varea, concejal opositor de Río Ceballos, quedó en el centro de una denuncia vecinal que reclama investigar su presunta participación en trabajos privados de mantenimiento sobre 30 calles públicas de Villa Catalina. Una administración lo presentaba como “Intendente” y responsable de fiscalizar las obras. El caso involucra una factura de más de 18 millones de pesos y un posible conflicto de incompatibilidades con su función pública.
Una nueva controversia política sacude a Río Ceballos. El concejal opositor Facundo Varea, identificado con el espacio libertario, fue denunciado ante el Concejo Deliberante por vecinos que reclaman esclarecer su presunta intervención en un esquema privado de mantenimiento de calles que pertenecen al dominio público municipal.
El episodio comenzó a partir de una comunicación enviada a propietarios de Villa Catalina por la administración de Campos Verdes y Eco Catalina. En ese documento, Varea aparecía presentado como “Intendente” y señalado como responsable de fiscalizar y controlar un plan de reparación de treinta calles.
La situación abrió una serie de interrogantes: ¿qué función cumplía el concejal libertario dentro de esa administración privada? ¿Existía alguna relación contractual o económica? ¿Podía un funcionario municipal participar en la supervisión de trabajos financiados por particulares sobre calles públicas?
Son precisamente esas preguntas las que los denunciantes pretenden que responda el Concejo Deliberante.
Treinta calles, cobros extraordinarios y un concejal como fiscalizador
Según la documentación aportada por los vecinos, la administración privada anunció un plan integral de reparación de treinta calles mediante la utilización de motoniveladora, minicargadora, aporte de material y rolocompactador.
Para financiar esos trabajos se dispuso un cargo extraordinario de 13.000 pesos por unidad, que sería incorporado a las liquidaciones correspondientes a abril, mayo y junio.
La comunicación no solamente detallaba las tareas y los montos que debían afrontar los propietarios. También identificaba expresamente a Facundo Varea como responsable de la fiscalización y el control de las obras, además de ofrecerlo como contacto para consultas.
La denuncia solicita determinar si el edil efectivamente aceptó y desempeñó esas funciones, si actuó en representación de alguna de las entidades involucradas y si recibió una remuneración o contraprestación.
Una factura de $18.150.000 bajo la lupa
Otro de los elementos incorporados a la presentación es una factura emitida el 26 de marzo de 2026 por MEHESZ S.R.L. a nombre de ADMURVC S.A., por un importe de 18.150.000 pesos.
El concepto consignado es reparación de calles.
Los denunciantes reclaman reconstruir el circuito de contratación, financiación y ejecución de los trabajos, así como identificar a quienes participaron en su dirección y fiscalización.
Sin embargo, el comprobante no menciona a Varea ni individualiza las calles intervenidas. Por ese motivo, la vinculación concreta entre esa factura y el programa de mantenimiento anunciado deberá ser esclarecida durante la investigación solicitada.
Calles públicas y una administración privada sin autorización acreditada
Uno de los aspectos centrales del conflicto surge de las respuestas oficiales obtenidas por los vecinos.
La Municipalidad de Río Ceballos confirmó que las calles de Villa Catalina pertenecen al dominio público y corresponden a loteos registrados en 1948 y 1949.
Además, la Secretaría de Desarrollo Económico, Productivo y de Servicios informó que, al momento de emitir su respuesta, no constaba en su ámbito un instrumento administrativo vigente que autorizara a ADMURVC S.A. a asumir autónomamente el mantenimiento regular de esas arterias.
La diferencia es sustancial: una cosa es que particulares colaboren ocasionalmente con el mantenimiento de espacios públicos y otra es que una administración privada organice, financie y supervise sistemáticamente esas tareas.
En ese escenario, la eventual intervención de un concejal municipal adquiere especial relevancia institucional.
Varea ya está imputado en otra causa judicial
El concejal libertario arrastra, además, otro frente judicial.
Varea integró anteriormente el gabinete de la actual gestión municipal, posteriormente pasó a ocupar una banca opositora y fue apartado del bloque que integraba.
También se encuentra imputado por presunta estafa en una investigación vinculada con una aseguradora, que tramita ante la Fiscalía.
Esa causa es completamente independiente de la denuncia presentada por los vecinos de Villa Catalina. La imputación constituye una situación procesal y no implica que exista una condena.
No obstante, el nuevo cuestionamiento vuelve a colocar al dirigente opositor bajo escrutinio público por su actuación fuera del ámbito estrictamente legislativo.
Piden que el Concejo investigue al edil libertario
La presentación vecinal invoca el artículo 128 de la Carta Orgánica Municipal y solicita que se analice si la actuación atribuida a Varea podría configurar una incompatibilidad con su cargo o alguna causal de responsabilidad política.
Los denunciantes requieren que el concejal brinde explicaciones, presente documentación respaldatoria y aclare la naturaleza de cualquier vínculo que hubiera mantenido con las administraciones involucradas.
Por ahora, la denuncia no acredita que Varea haya cobrado dinero ni que haya cometido una irregularidad. Lo que sí surge de la documentación aportada es que una administración privada lo identificó como responsable de controlar trabajos sobre calles públicas, circunstancia que motivó el pedido de investigación.
El Concejo Deliberante deberá determinar si corresponde avanzar con las actuaciones y establecer qué participación tuvo efectivamente el edil.
La pregunta que ahora deberá responder el concejal libertario es concreta: ¿qué hacía fiscalizando obras organizadas por una administración privada sobre calles que pertenecen a todos los vecinos de Río Ceballos?