La concejal de la ciudad de La Calera, Analía Marcos, denunció una situación institucional de extrema gravedad en el municipio y que el Concejo Deliberante estaría funcionando sin el quórum correspondiente y modificando la integración del cuerpo mientras el conflicto se encuentra judicializado.
Según explicó Marcos, la situación ya está en manos de la Justicia y existirían medidas tendientes a frenar las actuaciones del Concejo. Sin embargo, sostiene que esas disposiciones no estarían siendo respetadas y que el cuerpo continúa avanzando con decisiones que impactan directamente sobre los vecinos.
Entre las medidas cuestionadas aparecen aumentos de impuestos, un proyecto de Carta Orgánica y decisiones vinculadas con el patrimonio municipal. La concejal también denunció que se estarían impulsando ventas de terrenos que, según afirma, tendrían propietarios particulares.
Otro de los puntos que encendió la alarma son las nuevas boletas municipales que comenzaron a llegar a los domicilios de los vecinos. Marcos asegura que en algunos casos los incrementos alcanzan el 200% y hasta el 300%, y cuestiona la legalidad del procedimiento utilizado para aplicar esas subas.
A esto se suma, según la denuncia, la falta de audiencias públicas frente a decisiones que afectan de manera directa a los contribuyentes y al futuro institucional de la ciudad.
“Estamos frente a una situación que no puede naturalizarse. El Concejo no puede funcionar de cualquier manera, cambiar concejales y avanzar con decisiones mientras existe una discusión judicial pendiente”, planteó Marcos.
La concejal reclama que se respete el procedimiento institucional y que se detengan las decisiones que, a su entender, se están tomando de manera irregular hasta que la Justicia se expida definitivamente.
Mientras tanto, crece la preocupación entre los vecinos de La Calera por el fuerte impacto que los nuevos aumentos tributarios podrían tener sobre las economías familiares y por las denuncias vinculadas con el patrimonio inmobiliario municipal.
El conflicto amenaza con convertirse en una nueva crisis política e institucional para la ciudad, con un Concejo Deliberante enfrentado a cuestionamientos judiciales y políticos y vecinos que ya comenzaron a recibir boletas con aumentos que, según la denuncia, llegan hasta el 300%.