Una nueva denuncia penal apunta contra funcionarios del entorno del ministro de Economía, en medio de crecientes cuestionamientos por el otorgamiento de créditos hipotecarios de alto monto a dirigentes del propio oficialismo. La presentación judicial pone bajo la lupa cerca de 30 préstamos de hasta 320.000 dólares, concedidos en condiciones que ahora son investigadas por la Justicia.
El foco está puesto en el rol del ex presidente del Banco de la Nación Argentina, Daniel Tillard, y del actual funcionario del Banco Central de la República Argentina, Juan Ernesto Curuchet. Ambos fueron señalados como posibles responsables de delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Según la denuncia, durante 2024 se habrían flexibilizado los requisitos para acceder a créditos hipotecarios, permitiendo que funcionarios con vivienda propia pudieran tomar nuevos préstamos, incluso destinados a propiedades en countries o desarrollos privados. Esto rompería con un criterio histórico del banco, orientado principalmente a facilitar el acceso a la primera vivienda.
Un ex presidente del Nación fue contundente:
«En el 90% de los casos, los créditos eran para familias sin casa. Acá huele a gato encerrado».
Otro testimonio, desde dentro de la entidad, apunta directamente a los beneficiarios:
«Funcionarios como Federico Furiase, Pedro Inchauspe o Felipe Núñez tienen ingresos que no justificarían créditos de ese monto. La clave fue la ampliación de los garantes».
La causa ahora busca determinar si hubo una modificación deliberada de las condiciones crediticias para favorecer a funcionarios, en un contexto donde el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas para la mayoría de los argentinos.
De confirmarse las irregularidades, el caso podría escalar políticamente y convertirse en uno de los mayores escándalos financieros de la actual gestión.