Fue derrota del gobierno de Javier Milei, que retrocedió y eliminó el capítulo de su llamada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” en el que ampliaba el porcentaje de tierras que podían ser compradas por capitales extranjeros, y salvataje para el senador cordobés Luis Juez que evitó tener que volver a votar una ley que establecía exactamente lo contrario a lo que él mismo votó cuando fue sancionada la ley de tierras. Como siempre Luis Juez se justifica y buena parte de la prensa lo ayuda: «pasaron 16 años» se justificó hasta último momento el senador pluripartidario. Argumento no solo falaz sino también chulengo: la propiedad priorizada de los argentinos de las tierras productivas del país se estableció con la Constitución de 1853 y con el Código Civil del cordobés Dalmacio Vélez Sarsfield en 1871, quien seguramente se revolcará en su tumba al escuchar a su coterráneo.
El oficialismo hizo esta concesión a sus aliados parlamentarios para asegurar que se lleve adelante la sesión esta semana porque no llegaban a conseguir los 37 votos necesarios para tratar el proyecto.
En este contexto Luis Juez quedó en el centro de la escena, al igual que cuando votó a favor de la flexibilización de la Ley de Glaciares que él mismo había acompañado en 2010.
Para no tomar el asunto como algo tan extravagante tengamos en cuenta que, como idénticos criterios, Juez fue peronista, kirchnerista, socialista, «lilista», macrista, delarretista, bulrrichista y ahora mileinista. Esta próximo aviso.
Textual
De acuerdo con la versión taquigráfica y las referencias periodísticas disponibles, la intervención de Luis Juez durante el debate de la Ley de Tierras tuvo estos ejes principales:
* Sostuvo que la tierra es un recurso estratégico y que el Estado tiene derecho a establecer límites a la propiedad extranjera cuando está en juego la soberanía nacional.
* Afirmó que ningún país serio permite una compra irrestricta de tierras por parte de extranjeros y que la Argentina no debía ser una excepción.
* Señaló que el debate no era contra los extranjeros, sino a favor de fijar reglas claras para proteger un recurso finito y estratégico.
* Cuestionó que durante años el Estado careciera de un registro preciso sobre cuánta tierra estaba en manos extranjeras, considerando esa falta de información una debilidad institucional.
* Manifestó que la norma no resolvía todos los problemas, pero representaba un primer paso para ordenar una situación que se había descontrolado durante décadas.
* Reivindicó el principio de que la soberanía también se ejerce sobre el territorio, no únicamente sobre las fronteras o los recursos naturales.
* Explicó que acompañaría el proyecto aun cuando podía tener aspectos perfectibles, porque entendía que el Congreso debía enviar una señal política clara sobre la defensa del patrimonio territorial argentino.
Finalmente, votó afirmativamente la iniciativa, que terminó siendo aprobada por 62 votos a favor y uno en contra.