La Policía Federal Argentina vuelve a quedar envuelta en un escándalo en Córdoba. Un jefe policial fue detenido en Villa María acusado de abusar sexualmente de una adolescente. El episodio se suma a las investigaciones por robos, corrupción y falsos allanamientos que involucraron a otros efectivos federales. Mientras tanto, llama la atención el silencio de Luis Juez, quien suele reclamar la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, ante episodios de menor gravedad. ¿Por qué no exige lo mismo a Alejandra Monteoliva?
El principal Diego Armando Pizarro, jefe de la División Unidad Operativa Federal de Rafaela, fue detenido en Villa María después de que una adolescente de 17 años lo denunciara por un presunto abuso sexual.
Según la investigación, el funcionario se encontraba de vacaciones y aprovechaba su licencia para trabajar como conductor de una aplicación de transporte de pasajeros. En esas circunstancias habría trasladado a la menor desde un local bailable, antes del episodio denunciado.
La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Villa María ordenó su detención y un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron su arma reglamentaria, un automóvil y un teléfono celular.
Pero el caso de Villa María no es el único que compromete a integrantes de la Policía Federal.
En agosto, la Justicia Federal ordenó la detención del comisario Alejandro Gustavo Falcón, quien estaba al frente de la División Antidrogas de Córdoba. El funcionario fue acusado de apropiarse de dinero durante procedimientos policiales y de otras irregularidades vinculadas con el ejercicio de sus funciones.
Ese mismo mes, otros dos policías federales fueron detenidos acusados de participar en un falso allanamiento en barrio Pueyrredón de Córdoba capital, durante el cual habrían sustraído alrededor de 35 millones de pesos y joyas.
Los episodios dejaron al descubierto una preocupante sucesión de investigaciones judiciales contra integrantes de una fuerza que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El doble discurso de Luis Juez: Duro con Quinteros, silencio cómplice con Monteoliva
En medio de este escenario aparece una contradicción política que merece ser señalada.
Luis Juez suele cuestionar duramente al Gobierno de Córdoba y al ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, por los hechos de inseguridad. Ante episodios de menor relevancia institucional, no resulta difícil imaginarlo reclamando la renuncia del funcionario provincial o descalificando su capacidad de gestión.
Sin embargo, frente a las investigaciones que involucran a jefes y efectivos de la Policía Federal, bajo la órbita de la ministra Alejandra Monteoliva, no se advierte la misma contundencia.
¿Por qué Juez no le pide la renuncia a Monteoliva? ¿Por qué no la trata de inútil, como suele descalificar a sus adversarios políticos? ¿La responsabilidad política cambia dependiendo de quién gobierna?
La pregunta cobra especial relevancia por la cercanía política del senador cordobés con el Gobierno nacional.
Si para Juez los problemas de seguridad en Córdoba justifican cuestionar la continuidad del ministro provincial, resulta razonable preguntarse por qué no aplica el mismo criterio frente a las graves acusaciones que alcanzan a integrantes de la fuerza federal.
Los casos de Villa María y Córdoba capital no constituyen condenas contra los efectivos investigados, pero sí plantean interrogantes sobre los controles internos y las responsabilidades de conducción.
La seguridad no debería medirse con dos varas: una para exigir renuncias en Córdoba y otra para guardar silencio cuando los escándalos alcanzan al Gobierno nacional.