Un operativo policial en barrio Ampliación Rosedal de la ciudad de Córdoba culminó con la detención de un empleado municipal que llevaba consigo marihuana y un arma de fuego. El hombre, identificado como Pablo Sebastián Molina, de 46 años, trabajaba como inspector en el área de Higiene Urbana de la Municipalidad de Córdoba, e ingresó a la misma en el año 2006 cuando Luis Juez era intendente de la ciudad. Fue interceptado mientras conducía un Fiat Siena por las calles Lagunilla y Lafore.
El procedimiento comenzó cuando efectivos policiales realizaban un control de rutina y decidieron inspeccionar el vehículo. Durante la requisa, los agentes encontraron en el interior del auto un frasco con cogollos de marihuana y, al revisar el baúl, un revólver calibre 22 que, según las primeras pericias, se encontraba en desuso. Además, se secuestró la chapa municipal número 5075, que acreditaba su condición de inspector. Al ser abordado por los uniformados, Molina habría intentado justificarse diciendo «soy de la muni», según relataron fuentes cercanas al caso.
La detención generó revuelo no solo por el hallazgo de los elementos ilegales, sino también por el perfil del involucrado: un empleado público con una función de control en la vía pública. Tras el operativo, el hombre fue trasladado a una dependencia policial, y su situación procesal quedó en manos de la Justicia, que evalúa los cargos que podrían recaer sobre él. Aunque la cantidad de marihuana no fue especificada, la posesión de estupefacientes y el arma, aun inoperable, constituyen elementos suficientes para iniciar una investigación penal.
Este no es el primer caso que vincula a empleados municipales de Córdoba con actividades ilícitas. En diciembre de 2024, otro joven de 22 años, también trabajador del municipio y con una credencial del Suoem, fue detenido en barrio San Fernando con 180 dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros objetos sospechosos, aquel empleado era hijo de otra empleada quien tiene fuertes vínculos, insulso afiliada al frente civico. Aquel episodio, que involucró una persecución policial, puso en evidencia las fallas en los controles internos de la administración pública y reavivó el debate sobre la necesidad de revisar los antecedentes y el comportamiento de quienes ocupan roles en el sector.
Desde la Municipalidad de Córdoba aún no se emitió un comunicado oficial sobre la detención de Molina, pero fuentes internas adelantaron que se iniciará un sumario administrativo para determinar su continuidad en el cargo. Mientras tanto, el caso suma interrogantes sobre la supervisión de los empleados públicos y el uso indebido de las credenciales que les otorgan ciertos privilegios, como autorizaciones para circular o estacionar.
La Justicia, por su parte, avanza en la investigación para esclarecer si la marihuana era para consumo personal o si podría estar vinculada a una red de distribución. El hallazgo del revólver, aunque no funcional, también será analizado para determinar su procedencia y propósito. En un contexto donde la seguridad y el narcotráfico son temas sensibles en la provincia, este episodio pone bajo la lupa la conducta de quienes representan a las instituciones públicas.
La detención de Pablo Sebastián Molina no solo expone una falla individual, sino que interpela a las autoridades a reforzar los mecanismos de control y transparencia. Mientras los cordobeses siguen atentos el desarrollo del caso, la pregunta que resuena es cómo un inspector municipal, encargado de velar por el orden en las calles, terminó protagonizando un hecho que hoy lo tiene tras las rejas.