La designación de Alejandra Monteoliva al frente del área de Seguridad y la llegada de Carlos Presti a Defensa marcaron un fuerte contraste dentro del nuevo esquema del Gobierno. No solo por el perfil de cada uno, sino por los antecedentes que arrastran y que vuelven a poner en debate la coherencia de la estrategia oficial en dos ministerios clave.
Monteoliva, que ya ocupó cargos sensibles en Córdoba, carga con un antecedente que difícilmente pueda pasar inadvertido: fue una de las funcionarias centrales durante el estallido del conflicto policial de 2013, una crisis que paralizó a la provincia, dejó a la población desprotegida y derivó en saqueos que aún hoy se recuerdan. Su paso por la gestión de seguridad cordobesa estuvo marcado por descoordinación, fallas de conducción y una lectura errática del clima interno de la fuerza. Nada de eso quedó del todo resuelto con su salida, y ahora regresa a un rol nacional con las mismas dudas que entonces: ¿puede conducir una cartera que exige firmeza, previsión y capacidad política quien no logró evitar —ni encauzar— uno de los mayores colapsos policiales de las últimas décadas?
Su desembarco vuelve a encender alarmas entre especialistas y actores del sector, que recuerdan que la crisis cordobesa no fue un accidente, sino la consecuencia de una combinación de mala gestión, falta de control y una conducción incapaz de anticipar la gravedad del conflicto. Recuperarla como figura principal en Nación parece, al menos, una apuesta arriesgada.
El contraste es evidente con la designación de Carlos Presti en Defensa. Militar de formación, con carrera dentro de las Fuerzas Armadas y capacidad técnica para comprender los desafíos estructurales de la política de defensa, su nombramiento fue recibido con mayor serenidad. Presti no llega como improvisado ni como figura política ajena al sistema: entiende la lógica interna de las fuerzas, conoce los límites operativos y doctrinarios, y sabe qué puede exigirse y qué no. En un ministerio históricamente relegado y muchas veces manejado por perfiles sin experiencia específica, su presencia representa, al menos en los papeles, una señal de sobriedad.
Mientras Seguridad queda bajo la conducción de alguien cuyo desempeño previo dejó más preguntas que respuestas, Defensa logra un nombre que aporta previsibilidad y profesionalismo. La paradoja es que el Gobierno parece haber acertado en el área estratégicamente menos visible y haber tropezado, una vez más, en el lugar donde los errores se pagan más rápido y más caro.
En un país donde cada crisis de seguridad puede escalar en cuestión de horas, la elección de Monteoliva vuelve a abrir un debate que se creía saldado: ¿por qué insistir con figuras que ya fracasaron? En contraste, la designación de Presti demuestra que todavía es posible optar por perfiles idóneos cuando la prioridad no es la rosca, sino la gestión.