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El candidato radical-juecista allanado por fraude al PAMI cobra casi 6 millones de pesos en el Tribunal de Cuentas de la Provincia

La Gendarmería Nacional, por orden de la Justicia Federal de Río Cuarto allanó la vivienda y la oficina de Marcos Carasso, ex candidato a vicegobernador de Luis Juez en el marco de una investigación por presunta asociación ilícita y defraudación contra la obra social Pami. En ese contexto se supo que Carasso, con el cargo de Director de Jurisdicción cobra como salario bruto mensual en el Tribunal de Cuentas de la Provincia 5 millones 800 mil pesos mensuales, lo que de bolsillo significan casi 4 millones de pesos.

En medio de la conmoción informativa que el la provincia generó el crimen de Agostina Vega y más allá del papel de los medios de prensa en ese sentido, el allanamiento de las oficinas y el domiucio de Carasso pasó sin visiblidad, mucho más sus funciones (desconocidas en la realidad) en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Cabe señalar que ese organismo se transformó en un coto de caza tanto del juecismo como de la UCR con el nombramiento de familiares, amigos y allegados de los integrantes de la fórmula Juez-Carasso de 2023 en la provincia. Sobre el particular no el Senador Nacional con intensa actividad mediática en las últimas semanas, ni el líder radical Rodrigo De Loredo dijeron una sola palabra.

La causa penal  ontra el vice de Luis Juez comenzó meses atrás a raíz de diversas denuncias anónimas sobre irregularidades en las prestaciones médicas. Se investiga específicamente la facturación de servicios de rehabilitación de alta complejidad que presuntamente nunca fueron brindados a los afiliados.Según los datos que manejan los investigadores, las maniobras fraudulentas se habrían ejecutado mediante la facturación de la empresa Ethical. Las estimaciones extraoficiales señalan que el perjuicio económico contra los fondos destinados a los jubilados alcanzaría los 1.400 millones de pesos, publicó el diario Puntal de Río Cuarto.

Las órdenes de allanamiento fueron emitidas por el Juzgado Federal de Río Cuarto, actualmente a cargo del magistrado Carlos Ochoa. La ejecución de los procedimientos quedó en manos del personal especializado de Gendarmería Nacional.

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