La política de comercio exterior del gobierno de Javier Milei quedó envuelta en una nueva polémica judicial. A pocas horas de que entren en vigencia cambios que, según distintos sectores, podrían paralizar operaciones de importación y exportación, fue presentada la primera denuncia penal que alcanza tanto al presidente Javier Milei como al Jefe de Gabinete Diego Santilli, junto a otros funcionarios y responsables.
La presentación judicial sostiene que las decisiones adoptadas por el Gobierno generaron una situación de extrema gravedad para el comercio exterior argentino y advierte que, en apenas 72 horas, el país podría enfrentar un escenario de virtual colapso operativo, con consecuencias directas sobre importadores, exportadores, industrias y cadenas de abastecimiento.
Según la denuncia, las medidas oficiales no solo habrían sido implementadas sin la previsión técnica necesaria, sino que además habrían colocado al sistema aduanero y al comercio internacional argentino al borde de una crisis de funcionamiento, con el riesgo de demoras, incumplimientos contractuales y pérdidas millonarias.
La causa apunta contra Javier Milei, Diego Santilli y otros funcionarios por las responsabilidades que les atribuyen en la adopción e implementación de las decisiones cuestionadas. Los denunciantes consideran que el Gobierno avanzó con modificaciones de enorme impacto sin garantizar un esquema operativo que evitara el caos.
El planteo judicial representa un nuevo frente para la administración libertaria, que en los últimos meses acumuló cuestionamientos por distintas decisiones adoptadas mediante decretos y reformas administrativas. En este caso, el eje del conflicto pasa por el impacto que tendrían las medidas sobre uno de los sectores más sensibles de la economía: el comercio exterior.
Mientras el Gobierno sostiene que sus reformas buscan modernizar y desregular el sistema, los denunciantes afirman que la falta de planificación amenaza con provocar una parálisis inédita de las operaciones internacionales, afectando tanto a empresas como al ingreso y salida de mercaderías del país.
Si la situación denunciada se concreta, la gestión de Milei afrontará una nueva crisis política y judicial, en un contexto donde las críticas por la implementación de sus reformas comienzan a trasladarse desde el terreno político hacia los tribunales.