El Frente Cívico, liderado por el senador nacional Luis Juez, ha levantado en los últimos tiempos una bandera de indignación contra el supuesto mal funcionamiento del sistema judicial argentino, exigiendo reformas urgentes y denunciando una justicia que, según ellos, opera con lentitud, ineficiencia y falta de transparencia. Sin embargo, esta postura parece desmoronarse cuando se analiza un caso paradigmático que involucra a un familiar directo de Juez, poniendo en evidencia una contradicción que cuestiona la coherencia de su discurso.
En octubre de 2020, Lucas Martín Juez, sobrino del senador y figura relevante del juecismo en Alta Gracia, fue detenido en un control policial en la Ruta Provincial 5, en Córdoba, tras encontrarse en su vehículo 40 pastillas de éxtasis. Inicialmente imputado por tenencia para comercialización, un delito grave que podría haber derivado en una condena de prisión, la causa fue rápidamente recaratulada como «tenencia simple», una figura menos severa que permitió a Lucas Juez recuperar la libertad en pocos días. Este cambio de carátula, sumado a la ausencia de antecedentes penales, allanó el camino para un beneficio judicial poco común: la suspensión del juicio a prueba, conocida como «probation».
En junio de 2024, casi tres años después de que la causa fuera elevada a juicio —un plazo inusualmente largo para casos de narcomenudeo, que suelen resolverse en un año—, la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba otorgó a Lucas Juez una probation. Este beneficio le permitió evitar la prisión y antecedentes penales a cambio de una donación de 400 mil pesos a la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba y 60 horas de trabajo comunitario en un dispensario de Alta Gracia, algo que no consta en los registros del lugar que haya realizado.
Lo llamativo del caso no es solo el beneficio otorgado, sino las circunstancias que lo rodean. Fuentes judiciales han señalado que la probation es una medida excepcional en casos de tenencia de estupefacientes, particularmente para varones, ya que suele reservarse para mujeres sostén de familia sin antecedentes. Además, el Ministerio Público Fiscal no logró determinar si las pastillas eran para consumo personal o comercialización, un punto que quedó en un «gris» legal que favoreció al imputado. El fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, no se opuso a la solicitud de probation presentada por el abogado defensor Juan Testa, quien casualmente es socio de Luis Juez en su estudio jurídico y asesor en el Senado.
Mientras el juecismo clama por una justicia más eficiente y rigurosa, el caso de Lucas Juez revela un trato preferencial que contrasta con sus críticas. La demora de tres años en resolver la causa, la recaratulación favorable y la concesión de una probation en un contexto donde este recurso es raramente aplicado sugieren que, cuando se trata de los suyos, el sistema judicial parece funcionar con una celeridad y flexibilidad que no se observa en otros casos. Este episodio se suma a las declaraciones de Luis Juez en 2020, cuando minimizó el incidente como un «desliz» y sugirió que su sobrino fue víctima de una «maniobra», desvinculándolo de cualquier relación con el Congreso, a pesar de que Lucas Juez era presidente del Frente Cívico en Alta Gracia y había sido asesor en la Cámara de Diputados.
El pedido de emergencia del juecismo para reformar la justicia pierde fuerza ante estos hechos. Mientras exigen celeridad y dureza para otros, el beneficio otorgado a Lucas Juez pone en cuestión si lo que realmente buscan es una justicia imparcial o una que opere a su conveniencia. Este caso no solo expone las grietas en el discurso del Frente Cívico, sino que también alimenta las sospechas sobre la influencia política en el sistema judicial, un problema que el propio Juez dice combatir, pero que, en este caso, parece haberlo favorecido.