Los fiscales federales Maximiliano Hairabedian y Pablo Nicolás Turano pidieron el procesamiento y la detención bajo prisión domiciliaria del camarista Abel Guillermo Sánchez Torres por el presunto delito de abuso de autoridad y violencia de género institucional.
Hairabedian y Turano también le requirieron al juez Alejandro Sánchez Freytes que procese a la camarista Graciela Montesi y a los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores. Sanchez Torres y Montesi, quienes mantienen un vínculo sentimental.
La detención de Sánchez Torres y Montesi está sujeta a la pérdida de sus fueros como jueces, que depende del Consejo de la Magistratura, donde son parte escencial el senador por Córdoba Luis Juez y el diputado libertario Gonzalo Roca, socio de Gabriel Bornoroni en las empresas y en la política. Cabe recordar que Sanchez Torres fue determinante en los nombramientos como empleados de la Justicia Federal de la hija del senador nacional y de la cuñada de Bornoroni, entre otros. En el caso de Roca aparece en juego, además, el interés de su primo, Facundo Cortez Olmedo, que fue designado camarista, pese a ser el sexto en el órden de mérito tras el exámen rendido en el concurso, y cuyo pliego será tratado en el senado el próximo 18 de agosto. Cortez Olmedo es un ex funcionario de la gestión mestrista en la intendencia de Córdoba que debió renunciar tras un escándalo por supuestos hechos de corrupción.
Sanchez Torres y Montesi tienen otras denuncias en su contra en el organismo de control, una de las cuales está vinculada al uso de un avión propiedad de una empresaria que era parte de una causa que era sustanciada en el fuero federal y donde los camaristas tenían participación.
En el caso que motiva el pedido de los fiscales, la investigación apunta al presunto acuerdo entre Sánchez Torres y Montesi para manipular la integración de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en dos expedientes («Padilla» y «Humanes») relacionados con evasión tributaria de la empresa Bunge.
La denuncia fue presentada por la secretaria penal Celina Laje Anaya, quien aseguró que se opuso a las maniobras de los magistrados y por ello fue víctima de una serie de maltratos y hostigamientos. Laje Anaya indicó que, además de gritos y humillaciones, también sufrió cambios de oficina, sobrecarga de tareas y medidas de aislamiento.