El Gobierno dio un nuevo paso en su proyecto de “modernización laboral”, un paquete de reformas que apunta a modificar aspectos centrales del régimen de indemnizaciones, la registración de trabajadores y el funcionamiento de las plataformas digitales. El borrador preliminar, que circula entre el oficialismo y parte del empresariado, plantea como ejes “reducir la litigiosidad, promover el empleo formal y adaptar las relaciones laborales a los nuevos modelos productivos”.
La iniciativa busca reinstalar un debate que el oficialismo considera postergado: la actualización de la legislación laboral frente a la caída del empleo formal, el avance del trabajo por cuenta propia y el crecimiento de los servicios digitales. Según fuentes que trabajaron sobre el texto, el Gobierno sostiene que el sistema actual “desalienta la contratación” y “fomenta la judicialización”, y propone un esquema que acercaría las condiciones argentinas a las de otros países de la región.
Uno de los puntos más sensibles es la modificación del sistema de indemnizaciones. Si bien el borrador evita la palabra “fondo de cese”, abre la puerta a mecanismos alternativos que permitan sustituir el costo tradicional del despido por un esquema previsible, financiado parcialmente por aportes mensuales. Para los sindicatos, esto implica una pérdida de derechos adquiridos; para los empresarios, es una forma de reducir un riesgo que hoy condiciona la toma de personal.
Otro capítulo clave es la registración laboral. El Gobierno evalúa simplificar trámites, reducir multas por empleo no declarado cuando haya regularización espontánea y crear un sistema digital unificado que centralice altas, bajas y documentación. La apuesta es que la formalización resulte menos costosa que la informalidad en un contexto de alta presión fiscal.
Respecto del trabajo en plataformas —delivery, transporte y servicios bajo demanda—, el borrador propone una figura laboral específica, distinta del contrato tradicional y del monotributo clásico. La idea es reconocer derechos básicos sin imponer un esquema que, según las empresas del sector, volvería inviable su funcionamiento. El oficialismo considera que es un universo laboral que creció sin regulación clara y que genera tensiones tanto con trabajadores como con compañías tradicionales.
El documento aún está en etapa preliminar y será ajustado antes de enviarse al Congreso. Sin embargo, anticipa una pulseada mayor: el Gobierno busca avanzar rápido para mostrar una reforma estructural en medio de la recesión y la caída del salario real, mientras los gremios ya preparan objeciones técnicas y políticas. La discusión promete convertirse en uno de los debates más intensos del verano.