El Gobierno nacional avanzó con una modificación del régimen de indemnizaciones laborales que podría reducir el monto que perciben los trabajadores despedidos. A través de un decreto, incorporó un nuevo criterio para definir qué conceptos integran la base de cálculo de la indemnización por antigüedad.
El texto establece que la base de cálculo incluirá el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual. Sin embargo, deja expresamente afuera una larga lista de conceptos que, hasta ahora, solían ser motivo de discusión judicial.
Entre los ítems excluidos aparecen los premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario (aguinaldo), plus vacacional y las sumas no remunerativas. Pero el punto más controvertido es la cláusula final del decreto, que dispone que tampoco integrará la base de cálculo “todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual”.
Con esa redacción, el Ejecutivo busca limitar la incorporación de pagos extraordinarios o variables al momento de calcular la indemnización, un aspecto que durante años dio lugar a numerosos fallos judiciales ampliando la base salarial cuando esos conceptos eran percibidos con frecuencia por el trabajador.
Desde el Gobierno sostienen que la modificación apunta a dar previsibilidad y reducir la litigiosidad laboral, estableciendo reglas más claras para empleadores y empleados. En cambio, especialistas en derecho laboral y sectores sindicales advierten que la medida puede traducirse en indemnizaciones de menor monto, especialmente para quienes perciben una parte importante de sus ingresos mediante bonos, premios, comisiones u otros adicionales que no se pagan todos los meses.
En la práctica, el impacto dependerá de la composición del salario de cada trabajador. Quienes cobran exclusivamente un sueldo mensual fijo verían pocos cambios, mientras que aquellos cuyos ingresos incluyen conceptos variables podrían percibir una reducción significativa en la indemnización en caso de despido.
La nueva redacción también anticipa un escenario de futuras controversias judiciales, ya que será la Justicia la que deba determinar, en cada caso, cuándo un concepto puede considerarse verdaderamente “normal, habitual y mensual” y cuándo queda alcanzado por la exclusión prevista en el decreto.