En la Casa Rosada aseguran que los votos para aprobar el Presupuesto están “encaminados”, aunque nadie lo admite en voz alta para no tensar una negociación que sigue abierta y en la que cada gobernador intenta capitalizar el delicado momento económico. El oficialismo confía en que las sesiones extraordinarias permitirán cerrar un acuerdo amplio, pero en el Congreso ya se percibe el riesgo de una fractura interna entre bloques que, hasta ahora, funcionaban como aliados circunstanciales.
El Gobierno apuesta a que el ajuste fiscal y la previsibilidad macroeconómica se conviertan en argumentos suficientes para sumar apoyos, especialmente entre las provincias que dependen de transferencias discrecionales. Sin embargo, la lista de pedidos es cada vez más larga y heterogénea. Algunos mandatarios exigen compensaciones por la caída de la coparticipación; otros piden fondos para obras paralizadas, y varios buscan garantías de que no habrá nuevos recortes en subsidios que impacten en tarifas provinciales. La Casa Rosada dejó trascender que está dispuesta a incluir parte de esos reclamos en el debate, siempre que no afecten el equilibrio general de las cuentas.
El problema para el oficialismo no solo es externo. Dentro del Congreso, sectores del radicalismo y de los bloques provinciales muestran diferencias respecto del alcance del ajuste. Algunos legisladores advierten que el Presupuesto proyectado para 2026 implica un esfuerzo demasiado grande para las jurisdicciones más chicas, y ya anticipan que podrían votar dividido, algo que complicaría la estrategia del Gobierno de mostrar un consenso amplio.
Aun así, en Balcarce 50 creen que la aprobación es posible. Se apoyan en que ningún gobernador quiere quedar como responsable de bloquear un presupuesto en un año que ya comenzó con tensiones económicas fuertes y un clima social sensible. Esa necesidad de estabilidad opera como un incentivo para que, con modificaciones de último momento, la mayoría acompañe.
El riesgo latente es que el tironeo político termine dejando un texto desdibujado, más producto de concesiones cruzadas que de una planificación coherente. Pero para el Gobierno, en este momento, lo esencial es exhibir capacidad de construir acuerdos y evitar otro traspié legislativo que ponga en duda su poder real. A medida que avanzan las negociaciones, queda claro que el Presupuesto no será solo una ley de números: será una prueba de fuerza para el oficialismo y un termómetro del mapa político que se viene.