El Gobierno nacional derogó la normativa que, desde hace más de treinta años, obligaba a los colegios privados a solicitar autorización previa para aumentar matrículas y cuotas. La medida implica un giro explícito hacia la desregulación del sector y deja en manos de cada institución la definición de sus aranceles, de acuerdo con sus costos internos y condiciones de mercado.
Con esta decisión, el Ejecutivo da por terminado el esquema de supervisión heredado de los años ’90, que funcionaba como mecanismo de moderación de incrementos en contextos de inflación o tensión económica. Desde ahora, los colegios podrán ajustar sus valores sin intervención estatal directa, aunque deberán mantener criterios de transparencia y cumplir con la normativa general de defensa del consumidor.
La resolución abarca tanto a colegios confesionales como laicos, y alcanza a establecimientos con o sin aporte estatal. En el caso de los colegios subsidiados, seguirán vigentes los convenios de financiamiento con las provincias, aunque se abre la puerta para que puedan trasladar una parte mayor de sus costos a las familias, conforme a sus necesidades presupuestarias.
El sector privado educativo celebra la medida como un paso hacia una mayor sustentabilidad y previsibilidad financiera. En paralelo, organizaciones de padres y entidades civiles advierten sobre el riesgo de que los aumentos, sin topes ni supervisión, generen presión adicional sobre los ingresos familiares.
El Gobierno, por su parte, enmarca la decisión en una estrategia más amplia de retiro del Estado como regulador de precios, con el objetivo de que la oferta y la demanda definan los valores en todos los niveles de la economía.