Javier Milei suele reivindicar en cada cadena nacional el equilibrio fiscal, el superávit y el ajuste como los grandes logros de su gestión. Pero hay un número que nunca aparece en esos discursos: $1,35 billones recaudados por el Impuesto a los Combustibles en apenas el primer trimestre del año, mientras gran parte de la red vial nacional continúa deteriorándose y las obras prácticamente desaparecieron.
La contradicción es evidente. Millones de argentinos pagan cada vez que cargan nafta o gasoil un impuesto que nació con un destino específico: financiar infraestructura vial. Sin embargo, distintos informes advierten que apenas una fracción de esos recursos terminó aplicada al mantenimiento de las rutas nacionales.
Las consecuencias ya no son una discusión técnica. Se observan en el asfalto. Pozos, banquinas destruidas, calzadas deformadas y obras paralizadas se repiten a lo largo del país.
En Córdoba, transportistas, productores y automovilistas denuncian desde hace meses el deterioro de corredores estratégicos como las rutas nacionales 9, 19, 35, 158 y 38, mientras numerosas obras previstas avanzan con extrema lentitud o permanecen paralizadas. Incluso un informe de la Legislatura provincial muestra que la mayor parte de la inversión nacional proyectada para Córdoba corresponde justamente a infraestructura vial, un área que continúa generando fuertes cuestionamientos.
En Santa Fe, una de las provincias más atravesadas por el transporte de cargas del país, el estado de las rutas nacionales 7, 8 y 33 motivó reiterados reclamos públicos. La senadora provincial Leticia Di Gregorio cuestionó que el impuesto a los combustibles siga cobrándose mientras los recursos no se reflejan en obras ni mantenimiento, pese a que alrededor del 16% de cada carga corresponde a ese tributo.
En Buenos Aires, corredores fundamentales para el comercio y la producción también exhiben un deterioro creciente, mientras el Gobierno nacional avanza con nuevos esquemas de concesiones sin haber revertido el estado de conservación de gran parte de la red existente.
El panorama general es todavía más preocupante. Un informe sobre la situación de Vialidad Nacional sostiene que más del 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, con un marcado retroceso del mantenimiento y una fuerte caída de la inversión específica destinada al sistema vial.
El contraste político resulta inevitable. Mientras el Gobierno exhibe el superávit como símbolo de éxito económico, miles de kilómetros de rutas muestran el costo concreto de ese ajuste: infraestructura abandonada, mayor riesgo de accidentes, incremento de los costos logísticos y un impacto directo sobre la producción y el transporte.
Porque detrás de cada cadena nacional que celebra el equilibrio de las cuentas públicas queda una pregunta que todavía no tiene respuesta: si los argentinos siguen pagando el impuesto para financiar las rutas, ¿dónde terminó ese dinero?