El Gobierno nacional dispuso la eliminación del régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y niños y adolescentes con cáncer. La medida, oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, representa un nuevo recorte que impacta sobre sectores especialmente vulnerables.
Sí, los chicos con cáncer, transplantados o con otra discapacidad que demande tratamiento médico y no puedan pagar sus pasajes se morirán por falta de atención tras esta decisión de Milei. ¿Alguien vio a Luis Juez llorar ante las cámaras en el Senado de la Nación?. Por esos chicos, que no ayudan a conseguir cargos, Luis Juez no llora.
Hasta ahora, el Estado compensaba parcialmente a las compañías por los boletos sin cargo que debían otorgar en cumplimiento de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674. A partir de esta decisión, las empresas deberán absorber esos costos sin recibir aportes estatales.
La resolución argumenta que, tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/2024, las compañías cuentan con libertad para fijar recorridos, horarios, tarifas y modalidades de prestación de los servicios, por lo que estarían en condiciones de incorporar esas obligaciones dentro de su estructura de costos.
Según el texto oficial, la denominada “libertad tarifaria” modificó la ecuación económica del sector y eliminó las razones que justificaban la continuidad del esquema de subsidios. Por ello, el Gobierno considera que las compensaciones dejaron de ser necesarias.
No obstante, la normativa aclara que el derecho al transporte gratuito para las personas alcanzadas por estas leyes continúa vigente y sigue siendo obligatorio para las empresas. La fiscalización quedará a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que deberá controlar el cumplimiento de la entrega de pasajes sin cargo.
La decisión se conoce en medio de las críticas por la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), sancionada por el Congreso y respaldada en distintas instancias judiciales. Organizaciones del sector denuncian que el Gobierno continúa incumpliendo esa norma y advierten que las nuevas medidas profundizan la crisis que atraviesan las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de servicios.
Para numerosos referentes del sector, la eliminación de estas compensaciones constituye otro capítulo del ajuste sobre políticas destinadas a garantizar derechos básicos, en un contexto marcado por recortes, demoras en pagos y una creciente incertidumbre respecto de las prestaciones y coberturas destinadas a las personas con discapacidad.