En los últimos meses, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ha impulsado iniciativas que han generado un intenso debate sobre la privacidad, la libertad de expresión y el uso de la tecnología en la seguridad pública. A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, Bullrich ha avanzado en la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y en reformas a la Policía Federal Argentina (PFA) que permiten el monitoreo de redes sociales y espacios digitales públicos sin necesidad de autorización judicial previa. Estas medidas, justificadas bajo el argumento de prevenir y combatir el delito, han despertado críticas por su potencial impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Unidad de Inteligencia Artificial y el ciberpatrullaje
En julio de 2024, mediante la Resolución 710/2024, el Ministerio de Seguridad creó la UIAAS, una unidad destinada a utilizar inteligencia artificial (IA) para «prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos». Esta unidad, integrada por especialistas de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal), tiene como objetivo patrullar redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios web y la dark web para identificar conductas delictivas, movimientos de grupos criminales o situaciones de riesgo para la seguridad pública. Entre sus funciones, se destaca el análisis en tiempo real de imágenes de cámaras de seguridad con reconocimiento facial, la predicción de delitos mediante algoritmos y la detección de transacciones financieras sospechosas.
Sin embargo, el punto más controvertido es el monitoreo de redes sociales. Según la resolución, la UIAAS puede analizar actividades en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram y YouTube para detectar «amenazas potenciales» o «prever disturbios». Aunque el gobierno asegura que estas acciones se limitan a espacios públicos digitales y respetan la privacidad, expertos como Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, han advertido que estas prácticas podrían constituir una «excursión de pesca» ilegal, violando derechos constitucionales como la privacidad y la libertad de expresión. Busaniche señala que el perfilamiento de personas basado en sus interacciones en línea es especialmente riesgoso, ya que los algoritmos de IA pueden generar sesgos y errores, como ha sido cuestionado en normativas de la Unión Europea.
Reforma de la Policía Federal y ciberpatrullaje sin orden judicial
El 17 de junio de 2025, un decreto publicado en el Boletín Oficial (Decreto 383/2025) reformó las atribuciones de la Policía Federal, otorgándole facultades para realizar ciberpatrullaje en redes sociales y espacios digitales públicos sin necesidad de autorización judicial. Esta medida, presentada por Bullrich junto al presidente Javier Milei, busca convertir a la PFA en una especie de «FBI argentino», con un enfoque en la investigación proactiva de delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas. Sin embargo, la posibilidad de que los efectivos policiales monitoreen redes sociales y realicen detenciones o requisas basándose en «circunstancias fundadas» ha generado alarma entre especialistas y organismos de derechos humanos.
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) han expresado su preocupación por la falta de límites claros y controles efectivos en estas políticas. Según la ADC, la vigilancia digital sin supervisión judicial o parlamentaria puede convertirse en una herramienta de control político, especialmente en contextos de protesta social, donde podría generar autocensura o represión preventiva. María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), calificó estas medidas como un «ciberpatrullaje recargado», recordando antecedentes durante la gestión de Bullrich bajo el gobierno de Mauricio Macri, donde mensajes en redes sociales fueron utilizados para armar causas por «intimidación pública».
Antecedentes y críticas
El ciberpatrullaje no es una novedad en la trayectoria de Bullrich. Durante su gestión como ministra de Seguridad entre 2015 y 2019, se registraron casos de detenciones basadas en publicaciones en redes sociales, como el de un joven que tuiteó una canción de cancha contra Mauricio Macri. En 2024, el Ministerio de Seguridad ordenó allanamientos basados en posteos en Instagram, como en el caso de un joven en Chacarita acusado de amenazar al presidente, justificando su «peligrosidad» por supuestos «vínculos comunistas» detectados en sus redes. Estos antecedentes alimentan las sospechas de que el ciberpatrullaje podría ser utilizado para perseguir a opositores políticos o disidentes, en lugar de centrarse únicamente en la prevención del delito.
Expertos como Natalia Zuazo y Sofía Scasserra han cuestionado la legalidad y la ética de estas iniciativas, argumentando que la vigilancia masiva es incompatible con los principios de un Estado democrático. Martín Becerra, investigador del Conicet, señaló en redes sociales que el uso de IA para predecir delitos ha demostrado ser ineficaz y propenso a errores, además de contravenir artículos de la Constitución Nacional. Asimismo, la falta de claridad sobre qué software o empresas se utilizarán para implementar estas tecnologías, y si habrá licitaciones transparentes, suma más interrogantes sobre la implementación de la UIAAS.
Un debate sobre seguridad y derechos
El gobierno de Javier Milei defiende estas medidas como un paso hacia la modernización de la seguridad, argumentando que la IA es una herramienta clave para anticiparse al crimen, siguiendo el ejemplo de países como Estados Unidos, China o Israel. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó que «el delito cambia todo el tiempo» y que el gobierno busca estar «un paso adelante». Sin embargo, las críticas se centran en el riesgo de que estas políticas se utilicen para controlar la disidencia política, especialmente en un contexto de creciente tensión social y manifestaciones contra las políticas del gobierno.
La pregunta que queda abierta es si es posible equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos fundamentales en un sistema de vigilancia digital masiva. Mientras Bullrich insiste en que estas medidas no buscan perseguir a nadie, sino prevenir delitos graves como la trata o el narcotráfico, los antecedentes y la ambigüedad de las normativas generan dudas sobre su verdadero alcance. En un país con una historia marcada por la vigilancia estatal y la represión, el «ciberpatrullaje» de Bullrich plantea un desafío crucial: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad sin vulnerar las libertades individuales?