En su primera evaluación pública, el PRO evitó un respaldo explícito al decreto de reforma del sistema de Inteligencia impulsado por el presidente Javier Milei y marcó reparos sobre su implementación. El bloque aliado al Gobierno sostuvo que antes de fijar una posición definitiva resulta “imprescindible conocer los protocolos de uso, las reglas y los alcances” de las modificaciones introducidas.
Desde la bancada amarilla señalaron que el decreto requiere precisiones técnicas y políticas para garantizar controles efectivos, límites claros y mecanismos de supervisión que eviten abusos. En ese sentido, remarcaron la necesidad de que el Poder Ejecutivo detalle cómo se aplicarán las nuevas facultades, qué organismos intervendrán y bajo qué estándares se resguardarán los derechos y garantías constitucionales.
La postura del PRO, clave para el oficialismo en el Congreso, expone una cautela inicial que condiciona un eventual acompañamiento. Si bien el espacio mantiene su alineamiento general con la agenda de reformas del Gobierno, dejó en claro que en materia de Inteligencia no habrá un cheque en blanco y que cualquier respaldo dependerá de la información adicional que aporte el Ejecutivo.
El pronunciamiento se da en medio del debate político por el alcance del decreto y los cambios en la estructura y funciones del sistema de Inteligencia, un tema sensible que suele generar resistencias transversales. Por ahora, el PRO eligió tomar distancia y pedir definiciones antes de avanzar.