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El Senado, por amplia mayoría, volteó los vetos de Milei

En una sesión cargada de tensión y manifestaciones callejeras, el Senado de la Nación argentina rechazó hoy por abrumadora mayoría los vetos presidenciales impuestos por Javier Milei a dos leyes clave: la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema. Con 58 votos a favor del rechazo, 9 en contra y algunas abstenciones, la Cámara Alta superó ampliamente los dos tercios necesarios para insistir en las normas, obligando al Ejecutivo a promulgarlas y garantizar su cumplimiento. Esta derrota legislativa se suma a una serie de reveses para el oficialismo en los últimos meses, evidenciando el creciente aislamiento de La Libertad Avanza en el Congreso.

La votación de hoy no fue un hecho aislado. Previamente, la Cámara de Diputados había rechazado estos mismos vetos el 17 de septiembre, dejando en manos del Senado la decisión final. Los senadores opositores, desde el peronismo hasta sectores del PRO y radicales, argumentaron que las leyes responden a reclamos impostergables de la sociedad: por un lado, las universidades públicas enfrentan una crisis presupuestaria que ha llevado a racionar servicios básicos como agua y electricidad, con salarios docentes erosionados por una inflación acumulada del 30-40% en el último año y medio. La norma restablecida actualiza los gastos de funcionamiento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, con subas bimestrales para 2025.

Por otro lado, la Ley de Emergencia Pediátrica declara un estado de crisis en la atención infantil de alta complejidad, priorizando al Hospital Garrahan como referente nacional. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), su impacto fiscal para el segundo semestre asciende a unos $65.573 millones, fondos destinados a evitar el colapso de servicios esenciales. Senadores como José Mayans (bloque mayoritario peronista) y Mariano Recalde (Frente de Todos) denunciaron que el veto de Milei priorizaba el «superávit fiscal» –bandera del Gobierno– por sobre la dignidad de niños y estudiantes, calificando el programa económico oficial como «un verdadero desastre». «A más vetos, más votos», ironizó el justicialista Guillermo Andrada (Catamarca), resumiendo el pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El oficialismo, representado por voces como la del senador Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), defendió los vetos alegando un impacto descontrolado en las cuentas públicas y acusando a la oposición de usar temas sensibles con fines políticos: «El kirchnerismo usa a los niños con fines políticos», disparó Atauche. Sin embargo, los intentos de diálogo del Gobierno –incluyendo giros discrecionales de fondos a provincias en las semanas previas– no lograron fracturar la unidad opositora. La plaza frente al Congreso fue escenario de protestas masivas de estudiantes, docentes y trabajadores de la salud, que celebraron la votación con cánticos y abrazos, comparables a un «gol de la selección argentina», según testigos.

Este rechazo se inscribe en una racha de derrotas para Milei: en septiembre, el Senado ya había anulado vetos a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para provincias (59-9) y a la Emergencia en Discapacidad (63-7), la última revocación de un veto presidencial desde 2003. Gobernadores de todo el país, desde Juan Schiaretti (Córdoba) hasta mandatarios peronistas, han impulsado estas resistencias, criticando la centralización de recursos y la paralización de obras públicas. Analistas ven en estos episodios un quiebre en el control parlamentario del libertario, debilitado por la derrota electoral en Buenos Aires del 7 de septiembre (14 puntos de diferencia).

Con las leyes ahora vigentes, el foco recae en el Ejecutivo: ¿cumplirá Milei con los fondos o buscará mecanismos alternos para dilatarlos, como en el caso de la discapacidad? Mientras tanto, la oposición celebra un «alivio para millones», pero advierte que la batalla por el presupuesto 2026 apenas comienza. En un país donde la inflación y el ajuste dominan el debate, el Senado envió un mensaje claro: el Congreso no se rendirá ante la pluma presidencial.

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